La acción de pintar las paredes del Cabildo de Salta, un edificio histórico y símbolo cultural, es un acto de vandalismo injustificable que merece una condena contundente.
Si bien el reclamo docente por mejores salarios y mayor presupuesto para las universidades públicas es legítimo y refleja una crisis real en el sistema educativo, recurrir a la destrucción del patrimonio colectivo es una forma irresponsable y contraproducente de visibilizar la protesta. El Cabildo no es solo un edificio; es un testimonio vivo de la historia de Salta y del país, un legado que pertenece a todos, no a un grupo de manifestantes que, en su afán de ser escuchados, optaron por un gesto egoísta y destructivo.
Las consignas pintadas, como "La uni es pueblo" o "Universidad pública", no justifican el daño. El mensaje podría haberse expresado en pancartas, discursos o acciones simbólicas que no atentaran contra un bien común. Al elegir la vía del deterioro, estos manifestantes no solo faltaron el respeto a la historia y a la identidad colectiva, sino que también debilitaron la legitimidad de su causa.
La indignación de los vecinos es comprensible: un edificio histórico no es un lienzo para descargar frustraciones, por más válidas que sean. Este acto no visibiliza el reclamo; lo opaca, desviando la atención de la lucha por la educación hacia un debate sobre el respeto al patrimonio.
Quienes defienden esta acción como una forma de "hacerse visibles" ignoran que el impacto de un mensaje no se mide por su agresividad, sino por su capacidad de unir y persuadir. Dañar un símbolo como el Cabildo aleja a potenciales aliados y refuerza la percepción de que las protestas carecen de respeto por el bien común.
La lucha por una universidad pública, gratuita y de calidad merece formas de expresión que estén a la altura de su importancia, no actos que degraden el patrimonio que el propio pueblo, al que dicen representar, valora y protege.
