La Cámara Federal de Salta confirmó la orden judicial que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar obras urgentes sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre Urundel y Salvador Mazza. El tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Tartagal.
La resolución, fechada el 2 de febrero de 2026, ratificó que Vialidad Nacional deberá avanzar con las reparaciones mientras continúa el proceso judicial de fondo. De este modo, el organismo no podrá suspender ni demorar las tareas ordenadas, que apuntan a reducir los riesgos para quienes circulan por uno de los corredores viales más importantes del norte del país.
El fallo se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el ex senador nacional Sergio Leavy junto a vecinos de Tartagal y otras localidades del departamento San Martín. La presentación judicial expuso el grave deterioro de la calzada y el peligro constante que enfrentan automovilistas, transportistas y vecinos de la zona.
Los jueces de Cámara consideraron que la apelación presentada por Vialidad no logró demostrar un perjuicio concreto. Incluso, remarcaron que el propio organismo reconoció estar realizando tareas de mantenimiento en ese tramo de la ruta, lo que refuerza la idea de que la medida cautelar no impone obligaciones nuevas, sino que exige el cumplimiento efectivo de responsabilidades ya establecidas por ley.
En ese sentido, el tribunal sostuvo que la orden judicial no interfiere en funciones propias del Poder Ejecutivo, ya que se limita a requerir trabajos mínimos y urgentes frente a un escenario de riesgo comprobado. La Ruta 34 presenta pozos profundos, grietas, socavones, deformaciones del asfalto, banquinas deterioradas y falta de mantenimiento general, condiciones que afectan directamente la seguridad vial.
La Justicia dispuso que Vialidad Nacional ejecute tareas de bacheo y repavimentación en ambos sentidos de circulación, priorizando los sectores más críticos de los 198 kilómetros que unen el límite con Jujuy y la frontera con Bolivia. El plazo fijado para estas obras es de 90 días.
Además, el organismo deberá presentar informes periódicos cada 30 días, detallando el avance de los trabajos, los puntos intervenidos y las referencias kilométricas, con el objetivo de garantizar un control efectivo del cumplimiento de la orden judicial.
