El Senado se prepara para una semana decisiva en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Tras una nueva ronda de reuniones con bloques aliados y dialoguistas, el oficialismo confirmó que el proyecto será tratado en una sesión extraordinaria convocada para el miércoles 11 de febrero, con un nivel de consenso que, según sus impulsores, ya alcanza al 95% del articulado.
La encargada de comunicar el avance fue Patricia Bullrich, referente central del espacio libertario en la Cámara alta y nexo directo con la Casa Rosada. Al término del encuentro, aseguró que el escenario parlamentario es favorable y que no se habría convocado a sesión sin una base sólida de apoyos. Si bien admitió que aún quedan aspectos abiertos, remarcó que se trata de puntos puntuales que se terminarán de definir en las próximas horas.
La reunión se extendió por más de dos horas y tuvo lugar en la oficina principal del bloque radical en el Senado. Allí participaron representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y senadores provinciales que vienen acompañando, con matices, la agenda legislativa del Ejecutivo. El clima general fue de diálogo y avance, con coincidencias en la necesidad de cerrar un texto definitivo antes del martes previo a la sesión.
Desde el radicalismo destacaron que se logró destrabar buena parte de las dudas planteadas en encuentros anteriores y que el texto que se está consolidando recoge varios de los planteos realizados por los bloques no oficialistas. En ese sentido, remarcaron que la intención es llegar al recinto con un acuerdo lo más amplio posible, evitando sorpresas durante el debate.
Uno de los puntos que todavía genera discusión es el capítulo fiscal y su eventual impacto en las provincias, en particular en lo referido a la coparticipación. Si bien el Gobierno nacional sería el principal afectado, los senadores plantearon la necesidad de contar con previsiones claras para los distritos y evitar desbalances en las cuentas locales. Según trascendió, se están evaluando alternativas para morigerar ese impacto y acercar posiciones antes del cierre definitivo.
Otro de los ejes en revisión tiene que ver con los incentivos incluidos en la reforma, especialmente en lo referido a beneficios para el sector productivo. En las conversaciones apareció la posibilidad de reforzar herramientas destinadas a pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de equilibrar el esquema y no concentrar ventajas solo en grandes empleadores.
Bullrich, por su parte, evitó dar precisiones sobre los cambios acordados y explicó que la estrategia es mantener la discusión puertas adentro hasta contar con un texto final. La idea, sostienen desde el oficialismo, es que el debate se dé en el ámbito institucional correspondiente y no de manera fragmentada a través de trascendidos parciales.
La dirigente libertaria insistió en que el grueso del proyecto ya está consensuado y que las diferencias restantes involucran a actores políticos y económicos de peso, como gobernadores y ministros del gabinete nacional. En ese marco, se espera que las conversaciones se intensifiquen en las próximas horas para llegar al martes con todos los puntos resueltos y el dictamen listo para ser tratado.
Más allá de la reforma laboral, durante los encuentros no hubo definiciones públicas sobre otros temas que podrían incorporarse al temario de la sesión. En particular, se evitó profundizar sobre eventuales cambios en la legislación vinculada a la actividad minera, una iniciativa que cuenta con respaldo de algunas provincias pero que aún no tiene un texto consolidado ni confirmación formal para su tratamiento inmediato.
En paralelo a las negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo también mantuvo reuniones internas para ordenar su estrategia parlamentaria. Allí surgieron definiciones vinculadas al funcionamiento del Senado y a la conducción de comisiones clave, en un contexto en el que La Libertad Avanza cuenta con una bancada acotada y necesita del acompañamiento de otros espacios para avanzar con su agenda.
Actualmente, el Gobierno dispone de 21 senadores propios, una cifra que lo obliga a tejer acuerdos con el radicalismo, el PRO y representantes provinciales para alcanzar el número necesario que habilite el tratamiento de leyes de alto impacto. Con un piso de 37 votos, el oficialismo confía en que la reforma laboral podrá ser debatida y aprobada en la sesión convocada.
El proyecto es considerado una de las iniciativas centrales del Ejecutivo en materia económica y laboral, con cambios que apuntan a modificar las reglas de contratación, promover el empleo registrado y reducir la litigiosidad. Por ese motivo, el tratamiento legislativo genera expectativa tanto en el ámbito político como en sectores empresariales y sindicales.
Con la fecha ya definida y un acuerdo que, según el Gobierno, está prácticamente cerrado, el Senado entra en la recta final de una negociación clave. Las próximas reuniones serán determinantes para terminar de pulir el texto y confirmar si el respaldo alcanzado hasta ahora se traduce en los votos necesarios cuando llegue el momento de levantar la mano en el recinto.
