ESPECTÁCULO

Intimaron a Mauro Icardi: “No pagó y quiero que no salga del país”

El reclamo que podría complicar al futbolista en Argentina

Intimaron a Mauro Icardi: “No pagó y quiero que no salga del país”

Ana Rosenfeld, reconocida abogada y amiga íntima de Wanda Nara, volvió a estar en el centro de la escena mediática tras presentar una demanda contra Mauro Icardi por incumplimiento de pago. El conflicto legal se desató luego de que el futbolista no abonara una deuda de honorarios profesionales que asciende a 10.000 dólares. En un giro inesperado, Rosenfeld solicitó a la Justicia argentina que le prohíba a Icardi salir del país hasta que regularice su situación.

La medida cautelar solicitada por la letrada generó un fuerte debate en los medios y entre especialistas del ámbito jurídico. Según explicó el periodista Guido Záffora en el programa DDM (América TV), Rosenfeld pidió “a modo urgente la prohibición de salida del país” para el delantero, quien actualmente se encuentra tramitando su regreso a Turquía para reincorporarse al Galatasaray.

El reclamo de Rosenfeld se enmarca en un contexto más amplio: la reciente resolución judicial que obliga a Icardi a pagar una cuota alimentaria mínima de 30.000 dólares mensuales a Wanda Nara por sus hijas. Como parte de ese proceso, el futbolista también debe hacerse cargo de los honorarios legales de Rosenfeld, quien representó a la empresaria en el juicio de alimentos.

Sin embargo, la solicitud de prohibición de salida del país fue rápidamente desestimada por la Justicia. Según informaron fuentes cercanas a la defensa de Icardi, el juez rechazó la medida cautelar, argumentando que no se trata de una deuda alimentaria directa, sino de un reclamo por honorarios profesionales, lo cual no justifica una restricción de esa magnitud.

El abogado Mauricio D’Alessandro también intervino en el debate televisivo, aclarando que “no te pueden prohibir salir del país por una deuda de honorarios” y que la medida solicitada por Rosenfeld no tiene sustento legal en este caso. Otros especialistas coincidieron en que, salvo que se trate de una deuda alimentaria o un incumplimiento grave con consecuencias penales, la Justicia no suele aplicar restricciones de este tipo.


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