La investigación judicial que analiza una presunta evasión millonaria dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empezó a mostrar los primeros movimientos de los dirigentes involucrados. Víctor Blanco y Cristian Malaspina, dos nombres relevantes dentro de la estructura del fútbol argentino, presentaron sus descargos ante la Justicia para negar cualquier participación en las maniobras bajo sospecha.
La causa se centra en una presunta retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social que superaría los $19.300 millones. Según la investigación, esos fondos habrían sido retenidos por la entidad pero no depositados en los plazos legales correspondientes, lo que derivó en la apertura de un expediente judicial en el fuero penal económico.
Los dos dirigentes fueron los primeros en responder ante el juez Diego Amarante, quien está al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico que investiga el caso. Ambos presentaron escritos formales en los que rechazaron haber tenido intervención directa en la gestión de los pagos cuestionados.
Uno de los principales involucrados es Víctor Blanco, quien se desempeñó como presidente de Racing Club y también ocupó el cargo de secretario general de la AFA hasta el año 2024. En su presentación judicial pidió el sobreseimiento y argumentó que no tenía responsabilidad en el manejo contable ni en la operatoria vinculada a los aportes de seguridad social.
El exdirigente sostuvo que su rol dentro de la estructura de la AFA no incluía la administración directa de los pagos ni la gestión de las claves operativas vinculadas al sistema contable. Bajo esa línea de defensa, remarcó que no participaba de la parte técnica relacionada con el ingreso de tributos y contribuciones.
Después de presentarse en los tribunales de Comodoro Py, Blanco evitó profundizar públicamente sobre el tema. Al ser consultado por la situación judicial que enfrenta la entidad, prefirió limitar sus declaraciones y subrayó que ya no forma parte de la conducción de la AFA.
En paralelo, también presentó su descargo Cristian Malaspina, actual presidente de Argentinos Juniors y secretario dentro de la estructura dirigencial de la asociación. En su escrito negó haber participado en las maniobras que investiga la Justicia y planteó que no tuvo intervención en la operatoria que está bajo análisis.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de fiscalizar tributos en Argentina. La entidad no solo impulsó la denuncia sino que además actúa como querellante dentro del expediente judicial.
Según el informe presentado ante la Justicia, la AFA habría retenido distintos impuestos y aportes vinculados a la actividad laboral y fiscal, pero esos montos no habrían sido depositados dentro del plazo legal previsto. La normativa establece que ese dinero debe ser ingresado al fisco dentro de los 30 días posteriores al vencimiento correspondiente.
Entre los tributos señalados en la denuncia aparecen retenciones vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al impuesto a las Ganancias y a contribuciones previsionales relacionadas con el sistema de seguridad social. Todos esos conceptos forman parte de las obligaciones tributarias que deben cumplir las entidades cuando realizan retenciones a terceros.
Los períodos que se encuentran bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Durante ese lapso, según la acusación, se habrían acumulado las irregularidades que hoy están bajo investigación judicial.
El monto que inicialmente había sido denunciado rondaba los $7.593 millones. Sin embargo, con el avance de la investigación se incorporaron nuevos períodos y movimientos contables, lo que amplió considerablemente la cifra. Finalmente, el total bajo sospecha superó los $19.300 millones.
Ese crecimiento en el monto investigado fue uno de los elementos que llevó a profundizar el expediente y a convocar a varios dirigentes de la estructura de la AFA para que presenten explicaciones ante el tribunal.
En este contexto, el juez Amarante dispuso una serie de indagatorias que se desarrollarán en los próximos días. La ronda de declaraciones busca determinar qué nivel de responsabilidad tuvo cada integrante de la conducción de la entidad durante el período investigado.
Entre quienes deberán presentarse figura el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, cuya declaración está prevista para el 11 de marzo. Su testimonio aparece como uno de los puntos centrales del expediente, ya que su función dentro de la organización está directamente vinculada a la administración de recursos.
Al día siguiente también deberá declarar el presidente de la entidad, Claudio Tapia, conocido en el ambiente del fútbol como “Chiqui”. Su presentación será clave para esclarecer cómo se manejaban los procesos administrativos y financieros durante el período que investiga la Justicia.
El caso genera fuerte repercusión dentro del fútbol argentino porque involucra a la conducción de la principal institución que organiza las competencias profesionales del país. Además, la magnitud de la cifra bajo análisis coloca a la investigación entre las más relevantes en materia tributaria vinculadas al deporte.
En paralelo, la causa abre interrogantes sobre el funcionamiento interno de la estructura administrativa de la AFA, especialmente en lo relacionado con la gestión de tributos, aportes y obligaciones fiscales.
Mientras tanto, el expediente sigue avanzando con la recopilación de documentación contable y con el análisis de los movimientos financieros vinculados a los períodos denunciados. El objetivo de la investigación es determinar si existió efectivamente una maniobra de retención indebida de fondos o si se trató de irregularidades administrativas que puedan tener otra explicación.
En ese escenario, las próximas declaraciones ante el juzgado podrían resultar decisivas para esclarecer lo ocurrido y definir el rumbo de una causa que ya se instaló como uno de los temas más sensibles dentro de la dirigencia del fútbol argentino.
