La Inspección General de Justicia rechazó formalmente el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino para trasladar su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires. El organismo sostuvo que la dirección declarada por la entidad que rige el fútbol argentino no tiene respaldo real y no se corresponde con ninguna instalación administrativa en funcionamiento.
La decisión profundiza un conflicto institucional que suma tensión en el ámbito dirigencial del fútbol nacional. Según lo informado oficialmente, tras analizar la documentación presentada, la IGJ determinó que en el domicilio consignado no existe oficina, autoridad ni actividad operativa vinculada a la AFA, por lo que el intento de modificación fue desestimado.
De esta manera, el organismo ratificó que la AFA continúa funcionando legalmente en su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde ha desarrollado su actividad institucional durante décadas. El intento de cambio de jurisdicción, que implicaba pasar al ámbito provincial, quedó así sin efecto.
Pero el rechazo no se limitó únicamente a la cuestión del domicilio. En su comunicado, la IGJ fue más allá y advirtió sobre una serie de irregularidades administrativas y contables que, según detalló, la entidad arrastra desde hace varios años.
Entre los puntos señalados, el organismo indicó que la AFA no tiene aprobada la reforma de su estatuto, adeuda explicaciones vinculadas a balances y estados contables correspondientes al período 2017-2024 y tampoco habría presentado los estados contables del ejercicio 2025. Asimismo, remarcó que la entidad no canceló su inscripción en el Registro Público y que pretende validar decisiones adoptadas en su última Asamblea bajo fiscalización provincial, cuando —según la normativa vigente— debería estar bajo supervisión nacional.
La IGJ sostuvo que estas situaciones configuran un escenario preocupante desde el punto de vista institucional y advirtió que no se convalidarán decisiones que no cumplan con el marco legal correspondiente. En términos contundentes, el organismo manifestó que no permitirá que ninguna entidad eluda sus obligaciones mediante maniobras administrativas que intenten sortear la Ley.
El trasfondo del conflicto se vincula con la competencia de control. La Inspección General de Justicia depende del Ministerio de Justicia de la Nación y ejerce la fiscalización de sociedades y asociaciones civiles con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El eventual traslado a la provincia implicaría quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, modificando así el encuadre de supervisión.
En el plano jurídico, el cambio de domicilio legal no es un mero trámite formal. Supone la acreditación efectiva de una sede administrativa real, con funcionamiento comprobable, autoridades presentes y documentación respaldatoria. Para la IGJ, esos requisitos no fueron acreditados en este caso.
La resolución agrega un nuevo capítulo a la compleja relación entre los organismos de control y la conducción del fútbol argentino. La AFA, como entidad madre del fútbol nacional, no solo organiza los torneos locales y administra las selecciones nacionales, sino que también maneja recursos económicos de gran magnitud vinculados a derechos de televisión, sponsoreo y competencias internacionales.
Desde distintos sectores del ámbito jurídico se interpreta que el pronunciamiento de la IGJ busca reafirmar la vigencia del principio de legalidad y la igualdad ante la ley, incluso tratándose de una institución de peso político y deportivo. El mensaje es claro: las asociaciones civiles deben cumplir con las mismas exigencias administrativas y contables que cualquier otra entidad.
En términos prácticos, el rechazo implica que la AFA seguirá bajo la órbita de control nacional mientras no regularice su situación y no acredite fehacientemente un domicilio alternativo con funcionamiento real. También deja abierta la posibilidad de que el organismo de control avance con nuevas intimaciones o requerimientos formales para que se subsanen los incumplimientos señalados.
El escenario suma incertidumbre en el plano institucional, aunque no afecta el desarrollo de los torneos ni la actividad deportiva en lo inmediato. Sin embargo, el trasfondo administrativo podría derivar en nuevas instancias judiciales si la entidad decide impugnar la resolución.
En un contexto donde el fútbol argentino ocupa un lugar central en la vida social y económica del país, la controversia trasciende lo estrictamente burocrático. La discusión gira en torno al cumplimiento de normas, la transparencia en la gestión y los mecanismos de supervisión estatal sobre organizaciones de gran relevancia pública.
Por ahora, la decisión de la Inspección General de Justicia marca un freno al intento de traslado y deja planteado un escenario de tensión institucional que podría escalar en los próximos días. Mientras tanto, la sede de la calle Viamonte seguirá siendo, al menos en términos legales, el domicilio oficial del fútbol argentino.
