En una decisión que sacudió el escenario político y económico de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impulsados por el expresidente Donald Trump, al considerar que excedieron las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. El fallo, adoptado por mayoría, representa un fuerte revés para la política comercial que marcó buena parte de su gestión y podría derivar en la devolución de miles de millones de dólares.
La votación se resolvió por seis votos a favor de anular los gravámenes y tres en contra. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó en claro que la potestad de imponer tributos, incluidos los aranceles a importaciones, corresponde al Congreso y no puede ser ejercida de manera unilateral por el presidente, salvo en los casos expresamente previstos por la Constitución.
El fallo no solo impacta en el plano institucional, sino que también abre un frente económico de gran magnitud. De confirmarse las consecuencias jurídicas del dictamen, el gobierno estadounidense podría verse obligado a reintegrar sumas millonarias a los países que abonaron esas tasas, consideradas ahora inconstitucionales. La medida genera incertidumbre en los mercados y vuelve a poner en discusión el alcance de las herramientas que puede utilizar la Casa Blanca en materia comercial.
En los fundamentos de la sentencia, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que el entonces mandatario “se arrogó una facultad extraordinaria” al imponer aranceles de monto, duración y alcance amplios sin la intervención directa del Congreso. Según expresó, la Constitución estadounidense reserva el poder tributario al Poder Legislativo y no contempla su delegación irrestricta al Ejecutivo.
El eje central del planteo mayoritario fue que los redactores de la Constitución no otorgaron al presidente la potestad autónoma de establecer impuestos. Si bien existen leyes que habilitan determinadas acciones en contextos específicos, el tribunal entendió que en este caso se sobrepasaron los límites institucionales.
En disidencia, los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas consideraron que los aranceles podían encuadrarse dentro de las atribuciones conferidas por la legislación vigente. Desde esa postura, señalaron que más allá de que la política comercial pudiera ser debatible en términos económicos, no resultaba ilegal a la luz del texto constitucional y los antecedentes históricos.
El origen del conflicto se remonta a la interpretación que la administración Trump hizo de una ley sancionada en 1977, que permite al presidente regular importaciones y aplicar restricciones comerciales en situaciones de emergencia nacional. A lo largo de distintas administraciones, esa herramienta fue utilizada para imponer sanciones específicas, pero en este caso se aplicó de manera amplia sobre productos importados, lo que generó cuestionamientos tanto dentro como fuera del país.
Durante su mandato, Trump impulsó una política comercial proteccionista, con fuertes subas de aranceles a distintos socios estratégicos. La medida fue presentada como una forma de defender la industria estadounidense y reducir el déficit comercial, pero también generó tensiones diplomáticas y represalias económicas.
El fallo de la Corte Suprema reconfigura ahora ese escenario. Más allá del impacto inmediato en la política interna de Estados Unidos, la decisión tiene repercusiones globales, ya que afecta relaciones comerciales con múltiples países y redefine el margen de maniobra del Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior.
Desde el punto de vista institucional, el pronunciamiento refuerza el principio de división de poderes y marca un límite claro a las decisiones unilaterales en materia tributaria. El Congreso, según ratificó el tribunal, es el único órgano con competencia primaria para crear o modificar impuestos, incluidos los aranceles a importaciones.
En términos económicos, el panorama abre interrogantes. La eventual devolución de fondos podría implicar un costo significativo para el Estado estadounidense y generar nuevas negociaciones diplomáticas. Además, el fallo sienta un precedente que condicionará futuras decisiones presidenciales, incluso más allá de la figura de Trump.
El debate sobre los alcances de la autoridad presidencial en situaciones de emergencia vuelve así al centro de la escena. Mientras algunos sectores sostienen que el Ejecutivo necesita herramientas ágiles para responder a crisis económicas o comerciales, otros remarcan que esas facultades no pueden vulnerar el esquema constitucional.
Con esta resolución, la Corte Suprema no solo anuló una política emblemática de la gestión Trump, sino que también reafirmó el equilibrio de poderes previsto en la Constitución de Estados Unidos. El impacto político es inmediato y el efecto económico, todavía, está por medirse.
