La Justicia resolvió autorizar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país en tres oportunidades, en medio de la causa judicial en la que está imputado por presuntas irregularidades vinculadas a aportes e impuestos. La decisión representa un cambio respecto de la medida previa que le impedía cruzar las fronteras mientras avanzaba la investigación.
El permiso llega pocos días después de que se confirmara una restricción más estricta que le prohibía abandonar Argentina. Aquella disposición había sido ratificada en el marco de una causa que también involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ambos procesados sin prisión preventiva por supuesta retención indebida de aportes.
Con esta nueva resolución, Tapia podrá realizar hasta tres viajes internacionales, aunque bajo condiciones específicas que deberá cumplir ante el tribunal. Entre ellas, se mantiene la obligación de informar cualquier desplazamiento y respetar los plazos fijados por la Justicia, en un intento por garantizar que el proceso judicial continúe sin interferencias.
La causa que lo tiene como imputado se centra en presuntas irregularidades administrativas vinculadas a la gestión de fondos, un tema que genera fuerte repercusión en el fútbol argentino. Si bien no se dictó prisión preventiva, las medidas restrictivas iniciales evidenciaron la intención judicial de mantener controlados los movimientos de los acusados mientras se desarrolla la investigación.
En ese contexto, una de las principales preocupaciones giraba en torno a la agenda internacional del dirigente, especialmente por su rol al frente de la AFA y su vínculo con compromisos oficiales de la Selección argentina. La posibilidad de que no pudiera viajar generaba incertidumbre sobre su presencia en eventos clave del calendario futbolístico.
Previo a esta flexibilización, Tapia también había sido notificado de la obligación de no ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin informar previamente al tribunal. Esa medida implicaba un condicionamiento directo sobre su actividad cotidiana, incluyendo su participación en partidos y compromisos institucionales.
De hecho, para asistir a compromisos deportivos recientes, el dirigente debió gestionar autorizaciones específicas. Esto reflejó el impacto concreto de la causa judicial en su agenda, obligándolo a ajustar sus movimientos a los requerimientos de la Justicia.
Ahora, con la nueva autorización, el escenario cambia parcialmente. Si bien no se eliminan las restricciones, se abre una ventana que le permitirá cumplir con ciertos compromisos fuera del país, siempre bajo supervisión judicial. Esto resulta clave en un contexto donde la actividad dirigencial del fútbol argentino tiene una fuerte proyección internacional.
El caso continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el proceso. Mientras tanto, la situación de Tapia sigue bajo la lupa, tanto en el ámbito judicial como en el deportivo, en un cruce que mantiene en vilo a dirigentes, clubes y al entorno del fútbol nacional.
La decisión judicial marca un equilibrio entre la necesidad de garantizar el desarrollo de la causa y la posibilidad de que el titular de la AFA continúe con parte de sus funciones. En ese delicado punto intermedio se inscribe la autorización de viajes, que ahora redefine el margen de acción del dirigente en un momento clave.
