El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que introduce cambios profundos en el funcionamiento de las empresas en la Argentina. La iniciativa busca reducir regulaciones, ampliar la autonomía de los socios y avanzar hacia un esquema completamente digital para la constitución y gestión de sociedades.
El anuncio fue realizado en primera instancia por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego ampliado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la propuesta como un paso hacia un marco normativo más moderno y flexible. Según explicó, el objetivo central es dejar atrás un sistema “rígido y burocrático” para pasar a uno basado en la libertad contractual y la autonomía de los privados.
La reforma se enmarca dentro del paquete de cambios estructurales que impulsa la administración de Javier Milei, con la intención de mejorar el clima de negocios y atraer inversiones extranjeras. Desde el Gobierno sostienen que el nuevo régimen permitirá dinamizar la economía al reducir tiempos, costos y restricciones para la creación de empresas.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las normas pasarán a ser supletorias, lo que significa que prevalecerá lo que establezca el estatuto de cada sociedad. De este modo, el Estado reduciría su intervención en la organización interna de las compañías, limitando su rol a situaciones excepcionales. También se prevé que los registros públicos no puedan imponer restricciones que la ley no contemple expresamente.
Otro cambio relevante es la eliminación de varias exigencias burocráticas vinculadas al objeto social. Las empresas podrán definir objetos amplios o múltiples, e incluso no especificarlos, lo que habilitaría a realizar cualquier actividad lícita sin necesidad de trámites adicionales. Desde el Ejecutivo destacan que esto simplifica la operatoria y evita limitaciones innecesarias para emprender.
El proyecto también incorpora la posibilidad de que las sociedades acuerden mecanismos de resolución de conflictos bajo normativa extranjera o arbitraje internacional. Esto apunta a brindar mayor previsibilidad en disputas comerciales y a alinear el sistema local con prácticas utilizadas en centros financieros globales.
En paralelo, la iniciativa impulsa una transformación digital integral del régimen societario. Se habilita la constitución de empresas mediante firma digital o electrónica, la implementación de libros y registros digitales, domicilios electrónicos y la realización de asambleas a distancia. Con estos cambios, el expediente en papel quedaría progresivamente reemplazado por sistemas completamente online.
Desde el Gobierno remarcan que la reforma busca posicionar a la Argentina como un destino más competitivo para invertir, simplificando la vida empresarial y reduciendo la carga administrativa. La discusión ahora se trasladará al Congreso, donde el oficialismo deberá conseguir los consensos necesarios para avanzar con una de las reformas estructurales más amplias del paquete económico en curso.
