La Justicia en lo penal económico dio un paso clave en una causa que sacude al fútbol argentino. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron procesados por una presunta evasión fiscal millonaria vinculada a la retención indebida de aportes y contribuciones correspondientes a los años 2024 y 2025.
La resolución judicial también incluyó un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de ambos dirigentes, además de una medida similar aplicada a la propia entidad como persona jurídica. Se trata de un caso sin precedentes recientes, ya que es la primera vez que el actual titular de la AFA queda formalmente procesado en una causa penal de estas características.
Según se desprende del fallo, los acusados habrían omitido el pago en tiempo y forma de más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y recursos de la seguridad social. La investigación apunta a una maniobra sostenida en el tiempo, con reiteración de hechos y participación de varios integrantes de la conducción.
El expediente también alcanza a otros dirigentes actuales y ex directivos, quienes fueron considerados partícipes de una estructura organizada para la comisión de los delitos investigados. En ese marco, la Justicia determinó distintos grados de responsabilidad y fijó embargos diferenciados según cada caso.
En relación a la AFA, el juez entendió que la institución tuvo un rol activo en las maniobras, por lo que la consideró responsable en carácter de persona jurídica. La resolución detalla múltiples episodios de apropiación indebida de tributos, así como también irregularidades vinculadas a aportes destinados a la seguridad social.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva. Sin embargo, Tapia y Toviggino deberán cumplir una serie de condiciones mientras avance la causa. Entre ellas, no podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización, deberán informar cualquier cambio de residencia y presentarse ante la Justicia cada vez que sean convocados.
Además, continúa vigente la prohibición de salida del país para ambos dirigentes, una medida que busca garantizar su sujeción al proceso judicial. En el caso de los otros imputados, algunas restricciones fueron flexibilizadas, incluyendo la posibilidad de viajar al exterior.
El fallo aún no está firme y puede ser apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, instancia que deberá revisar lo resuelto y definir si confirma, modifica o revoca las decisiones adoptadas en primera instancia.
El avance de la investigación genera fuerte impacto en el ámbito del fútbol argentino, especialmente porque se produce en paralelo a un discurso institucional que venía resaltando la transparencia y el orden administrativo de la actual gestión.
En los últimos días, la AFA había difundido un balance positivo de su conducción, destacando la consolidación de su estructura y el fortalecimiento de sus vínculos con distintos actores del sistema. Sin embargo, el escenario judicial abre interrogantes y suma tensión en torno al presente dirigencial.
Mientras tanto, la causa seguirá su curso en los tribunales, con nuevas instancias que podrían profundizar el análisis sobre el manejo financiero de una de las instituciones más influyentes del deporte nacional.
