El fútbol argentino recibió un nuevo golpe. La Conmebol, con un fallo que huele a escritorio y poca justicia, decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana 2025 tras los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en Avellaneda, durante el partido de vuelta por los octavos de final contra Universidad de Chile.
El organismo, tras una audiencia en Paraguay, no solo dejó al Rojo fuera del torneo, sino que le impuso sanciones draconianas: siete partidos a puertas cerradas como local, siete sin hinchas como visitante y multas por 250 mil dólares. Mientras tanto, la U chilena, señalada por muchos como la chispa que encendió el caos, avanza a cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima, aunque no sin castigos: siete partidos sin público en casa y de visitante, más 270 mil dólares en multas.
Este dictamen, lejos de ser una solución equilibrada, parece un castigo ejemplificador que carga las tintas sobre Independiente, el club organizador, y deja un sabor amargo en Avellaneda. La decisión de la Conmebol no solo priva al Rojo de seguir compitiendo en un torneo donde estaba en carrera, sino que pone en tela de juicio la capacidad del organismo para impartir justicia deportiva sin caer en decisiones arbitrarias que, en lugar de frenar la violencia, podrían incentivarla.
El partido en el estadio Libertadores de América fue una noche negra para el fútbol sudamericano. Apenas comenzado el segundo tiempo, con el marcador igualado 1-1 (y un 2-1 global a favor de la U tras el 1-0 en la ida), los incidentes en las tribunas obligaron a suspender el encuentro. Desde el sector visitante, hinchas chilenos comenzaron a arrojar objetos, desde butacas hasta elementos más peligrosos, hacia la parcialidad local. La reacción de un grupo de hinchas de Independiente, que irrumpió en la tribuna visitante, escaló el conflicto a niveles de barbarie. El saldo: 19 heridos, 125 detenidos y una persona en estado grave. Nadie niega la gravedad de los hechos. Pero culpar al club organizador con una descalificación, mientras el equipo rival avanza, es un mensaje confuso que premia a quienes iniciaron el descontrol.
La Conmebol, en su afán de mostrar mano dura, parece haber olvidado que la responsabilidad de la seguridad en un estadio no recae únicamente en el club local. El operativo, que incluyó 650 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada y siete ambulancias, fue diseñado en conjunto con las autoridades locales y el propio ente sudamericano. Sin embargo, el fallo pone a Independiente como el principal responsable, ignorando que los primeros actos vandálicos vinieron desde la tribuna visitante. ¿Acaso la U no tiene responsabilidad por el comportamiento de sus hinchas? ¿Es justo que un equipo que, según reportes, inició los disturbios siga en competencia, mientras el organizador paga el costo más alto?
La sanción a Independiente es un mazazo. Jugar siete partidos de local sin público y otros siete sin hinchas de visitante en torneos Conmebol no solo afecta al equipo en lo deportivo, sino que golpea sus finanzas y su vínculo con los socios, que son el corazón del club. Sumado a eso, las multas de 250 mil dólares, debitadas directamente de los ingresos por derechos de TV y patrocinios, agravan la situación económica de una institución que ya lidia con problemas financieros. En un fútbol argentino donde los clubes luchan por mantenerse a flote, este tipo de sanciones no hacen más que profundizar la crisis.
Por el lado de Universidad de Chile, las sanciones son similares en cuanto a la prohibición de público, pero la diferencia es abismal: los chilenos siguen en la Copa Sudamericana. Avanzan a cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima en un partido que, curiosamente, también deberán jugar a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo. Las multas de 270 mil dólares son un poco más altas que las de Independiente, pero no compensan la ventaja deportiva que obtienen al continuar en el torneo. Este desbalance en el fallo alimenta la percepción de que la Conmebol, una vez más, actúa con criterios poco claros, dejando que la política de los escritorios pese más que la justicia deportiva.
El mensaje que deja este fallo es peligroso. Si un equipo visitante puede generar disturbios, provocar la suspensión de un partido y, aun así, avanzar en la competencia, ¿qué incentivo hay para que las hinchadas se comporten? La Conmebol, en lugar de atacar la raíz de la violencia en el fútbol sudamericano, parece optar por castigos desproporcionados que no resuelven el problema de fondo. La descalificación de Independiente, lejos de ser un ejemplo de justicia, podría interpretarse como un estímulo para que grupos violentos busquen alterar partidos en beneficio de sus equipos. Es un precedente preocupante que podría repetirse en el futuro.
Además, el fallo ignora el contexto. Independiente, como club organizador, no solo cumplió con las exigencias de seguridad de la Conmebol, sino que tuvo que lidiar con una situación caótica desatada por hinchas visitantes que, según el propio club, dañaron instalaciones y atacaron desde la previa del encuentro. La reacción de la barra local, aunque indefendible, no surgió de la nada. Fue una respuesta a una provocación que la Conmebol parece minimizar en su resolución. Castigar a ambos clubes con sanciones similares en lo disciplinario, pero con consecuencias deportivas tan dispares, no hace más que alimentar la sensación de injusticia en Avellaneda.
