Nuevos audios incorporados a la investigación por presuntos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) complican a los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de Droguería Suizo Argentina. Las grabaciones muestran comunicaciones directas entre los imputados y los empresarios, lo que refuerza la hipótesis de maniobras irregulares para asegurar contratos estatales.
En los audios, que circularon en programas de análisis judicial, se registran conversaciones entre Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian —primer detenido de la causa— y Miguel Ángel Calvete, donde se menciona explícitamente a los Kovalivker. Uno de los mensajes más destacados señala: “Es importante tener gente con la bandera correcta y la bandera de Suiza”, una referencia que vincula a la droguería con el entramado bajo investigación.
La investigación también detectó un grupo de WhatsApp llamado “Museo”, integrado por empresarios que coordinaban estrategias para la adjudicación de contratos con la ANDIS, incluyendo colaboradores cercanos a los Kovalivker.
En el plano judicial, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó recientemente la decisión del juez Sebastián Casanello de no investigar los audios, ordenando indagar sobre su origen y autenticidad.
El expediente también muestra un crecimiento económico notable de Droguería Suizo Argentina: su facturación pasó de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024. Entre los vínculos cuestionados aparece Eduardo “Lule” Menem, asesor político cercano a los Kovalivker, lo que podría haber influido en el aumento de contratos con el Estado.
Los audios y la documentación reflejan un entramado de contactos y coordinación entre empresarios y funcionarios, con indicios de maniobras para asegurar contratos millonarios. La investigación buscará determinar la participación exacta de cada imputado y la validez de las grabaciones.
Mientras avanza la causa, la atención pública se mantiene en la transparencia de las compras de medicamentos y en la responsabilidad de las empresas que negocian con organismos estatales, con un impacto directo sobre la confianza en la gestión pública y la correcta asignación de recursos.
