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Caen las acciones de las petroleras que operan en Malvinas tras el anuncio de Milei sobre nuevas sanciones

Los papeles de Rockhopper Exploration bajaron 6,5% en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas Petroleum perdió alrededor de 2,3% en Tel Aviv.

Caen las acciones de las petroleras que operan en Malvinas tras el anuncio de Milei sobre nuevas sanciones

Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las dos compañías vinculadas al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, registraron fuertes bajas en sus respectivos mercados luego del anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre nuevas sanciones para las empresas que exploten recursos hidrocarburíferos en el archipiélago sin autorización argentina.

Los papeles de Rockhopper llegaron a retroceder 6,5% en la Bolsa de Londres, mientras que las acciones de Navitas registraron una caída cercana al 2,3% en el mercado de Tel Aviv.

El movimiento se produjo después del mensaje que Milei brindó por cadena nacional, en el que anticipó que el Gobierno argentino avanzará con un decreto destinado a endurecer y acelerar las sanciones contra las compañías que participen, de manera directa o indirecta, de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.

Durante su discurso, el Presidente afirmó que el Gobierno buscará impedir que las empresas involucradas puedan operar comercialmente en territorio argentino si participan de actividades en las islas sin autorización de la Argentina.

La medida también contemplaría mecanismos destinados a identificar con mayor precisión a las compañías involucradas en esos proyectos, así como a sus accionistas, directivos y proveedores.

El anuncio representa un nuevo capítulo en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, pero también tiene un impacto económico sobre las empresas que participan de los proyectos de explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago.

Uno de los principales proyectos en cuestión es Sea Lion, considerado por sus impulsores como una iniciativa con potencial para convertirse en el primer desarrollo petrolero de gran escala frente a las Malvinas.

El proyecto es llevado adelante por Rockhopper Exploration, compañía británica que descubrió el yacimiento en 2010, y Navitas Petroleum, empresa de origen israelí que posteriormente se incorporó al desarrollo.

El yacimiento se encuentra aproximadamente a 450 metros de profundidad en el Atlántico Sur y a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su descubrimiento se produjo en mayo de 2010, cuando Rockhopper identificó recursos hidrocarburíferos en la zona.

Desde entonces, el proyecto atravesó distintas etapas de evaluación y desarrollo, mientras que desde Argentina se cuestionó de manera reiterada la explotación de recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía.

La posición del Gobierno argentino es que las autorizaciones otorgadas para desarrollar actividades petroleras en las islas fueron concedidas de manera unilateral e ilegítima, debido a que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre el territorio y los espacios marítimos circundantes.

En este contexto, Milei elevó el tono de su mensaje y planteó que el desarrollo de Sea Lion no constituye el único motivo de preocupación para el país.

“Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas”, sostuvo el mandatario, al advertir que existen otras iniciativas y compañías que, según su consideración, también afectan los intereses estratégicos argentinos.

El Presidente aseguró además que el Gobierno no permanecerá pasivo frente a estos desarrollos y anticipó una respuesta mediante nuevas herramientas legales.

El anuncio también se produjo en un escenario de atención internacional sobre la postura de Estados Unidos respecto de la disputa por las Malvinas. Días atrás, el presidente estadounidense Donald Trump fue consultado sobre la posición de su país respecto del archipiélago y señaló que revisa habitualmente las distintas posiciones de política exterior.

La declaración generó expectativas en el Gobierno argentino, particularmente por la relación política que Milei mantiene con Trump y por la posibilidad de que Washington pueda adoptar una posición diferente respecto de la cuestión Malvinas.

Mientras tanto, las empresas involucradas enfrentan un escenario de mayor incertidumbre en torno al proyecto petrolero.

La reacción de los mercados quedó reflejada en las cotizaciones de Rockhopper y Navitas. La primera sufrió la caída más pronunciada, con un retroceso del 6,5% en Londres, mientras que Navitas perdió aproximadamente 2,3% en Tel Aviv.

Aunque las variaciones bursátiles responden a múltiples factores, la baja se produjo inmediatamente después del anuncio argentino sobre el endurecimiento de las sanciones y la intención de ampliar los mecanismos de control sobre las compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.

La disputa también sumó una nueva dimensión judicial en Argentina. Abogados ambientalistas y excombatientes de la Guerra de Malvinas de 1982 presentaron una demanda para cuestionar la legalidad de los permisos vinculados con la explotación petrolera y advertir sobre los posibles efectos ambientales de las actividades desarrolladas en la región.

La presentación judicial pone el foco tanto en las autorizaciones concedidas para avanzar con los proyectos como en los eventuales riesgos que una explotación de hidrocarburos podría generar sobre el ecosistema del Atlántico Sur.

De esta manera, el proyecto Sea Lion quedó nuevamente en el centro de una disputa que combina soberanía, intereses económicos, explotación de recursos naturales, cuestiones ambientales y política internacional.

Para el Gobierno de Milei, el avance de proyectos petroleros en las Malvinas constituye una cuestión estratégica que requiere una respuesta más firme. Para las empresas involucradas, en tanto, el nuevo escenario plantea mayores obstáculos y potenciales restricciones para sus actividades relacionadas con la Argentina.

La futura implementación del decreto anunciado por el Presidente será clave para determinar el alcance concreto de las sanciones y hasta dónde podrán llegar las medidas contra las empresas, sus accionistas, directivos y proveedores vinculados con proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas.


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