El comercio de Salta perdió 1.165 puestos de trabajo registrados en el último año y cuenta con 238 empleadores menos que en 2023. Los números marcan un retroceso claro en una de las actividades que más peso tiene en la economía provincial.
Según los registros oficiales, en julio de este año la actividad sumaba 22.321 trabajadores y 2.360 empleadores. Un año antes había 23.486 ocupados y 2.474 empresas. Eso representa una caída del 5% en el empleo y del 4,6% en la cantidad de firmas.
Si se mira más atrás, hasta julio de 2023, se ve que el empleo se había mantenido relativamente estable hasta el año pasado y recién después empezó a caer con fuerza. En cambio, el número de empleadores viene bajando sin pausa y ya acumula una merma del 9,2% en dos años.
Desde el sector pyme describen un panorama de cierres y dificultades que no se veía hace tres décadas. Estimaciones del propio sector hablan de que en dos años podría haber cerrado cerca del 30% del conglomerado pyme, aunque una parte de esos empresarios se reconvirtió hacia otros formatos, sobre todo digitales.
El problema de fondo, coinciden varios referentes, es un consumo que lleva dos años muy flojo. Sin demanda en el mostrador, muchos locales no logran sostenerse y buscan alternativas.
En ese contexto, las cifras de crecimiento del comercio electrónico generan cierto escepticismo. Un aumento interanual del 19% en las ventas online no necesariamente refleja una expansión real del negocio. Hay casos de comercios que suman Mercado Libre, WhatsApp e Instagram y logran llegar a todo el país sin perder el local. Ahí sí hay un avance genuino.
Pero también existen muchos ejemplos de negocios que tuvieron que cerrar el punto de venta físico, despedir personal y pasar todo a la virtualidad. Eso no es crecimiento: es supervivencia digital. La expresión empezó a usarse para describir a quienes se refugian en canales online, con menores costos fijos y un mercado más amplio, mientras esperan que se reactive la venta presencial.
El cambio de modelo dejó al descubierto problemas estructurales que antes quedaban disimulados. La cadena de pagos es uno de los puntos más críticos: muchas pymes cobran de las entidades financieras a 60 días pero deben pagar a sus proveedores a 40 o 45. La diferencia la terminan bancando con patrimonio propio.
A eso se suman las dificultades impositivas y administrativas. Desde el sector reclaman que la reforma fiscal debería haber llegado antes que cualquier otra y cuestionan la velocidad con la que se aplican embargos frente a la demora para levantarlos una vez cancelada la deuda. También piden mayor coherencia entre el discurso de apoyo a las pymes y las medidas concretas del sistema.
La presión sobre el comercio se da además en un contexto de menor recaudación provincial. Los ingresos tributarios propios de Salta cayeron en términos reales entre enero y agosto de este año respecto del mismo período del año anterior, y quedaron bastante por debajo de los niveles de 2023. Como Ingresos Brutos grava las ventas, cuando se enfría el consumo la recaudación se resiente de inmediato.
Desde las cámaras empresarias insisten en que se necesita recuperar el consumo y un mínimo de circulante. “Más magia no se puede hacer”, resumen. Mientras tanto, muchas firmas pasaron de una matriz de inversión a una de puro sostén del negocio. También piden simplificar el sistema tributario, bajar la presión y reforzar los controles sobre el contrabando y la evasión, porque la carga combinada de tasas municipales e Ingresos Brutos ya pesa demasiado sobre un sector que sigue siendo central para la economía salteña.
Con información de El Tribuno
