La morosidad de los créditos comenzó a mostrar señales de alivio durante 2026, aunque la recuperación de las carteras financieras todavía demandará tiempo. Los préstamos con atrasos de entre 30 y 90 días vienen disminuyendo desde el comienzo del año, un dato que puede anticipar una mejora en la capacidad de pago de los deudores, tanto en los bancos como en las entidades financieras no bancarias.
La llamada mora temprana, que contempla los créditos con incumplimientos de entre 30 y 90 días y corresponde a la denominada situación 2 dentro de la clasificación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), llegó a representar el 6,6% del total del sistema financiero en noviembre de 2025.
Desde entonces, el indicador comenzó a retroceder y alcanzó el 4,4% en julio de 2026. La evolución marca una reducción significativa respecto del máximo registrado a fines del año pasado y podría anticipar una disminución de la morosidad en los próximos meses.
Sin embargo, el escenario todavía presenta diferencias importantes según el tipo de entidad. Los bancos tradicionales siguieron una trayectoria similar a la del conjunto del sistema: la mora temprana pasó del 6,3% al 4,3% entre el máximo registrado y julio.
En el caso de las entidades financieras no bancarias, el comportamiento fue diferente. Las empresas financieras, emisoras de tarjetas y billeteras digitales llegaron a registrar una mora temprana del 8,2% en diciembre de 2025. Para julio de este año, ese porcentaje había descendido al 5,3%.
La caída de los atrasos recientes constituye una señal positiva, pero no significa necesariamente que la morosidad general ya haya comenzado a bajar de manera sostenida. La explicación está relacionada con la forma en que se clasifican y contabilizan las deudas dentro del sistema financiero.
El indicador tradicional de morosidad puede ofrecer una imagen incompleta de la situación porque no refleja de la misma manera todos los créditos que acumularon problemas de pago. En particular, existe una categoría que tiene una incidencia considerable: la situación 5, correspondiente a deudas con atrasos superiores a un año.
En estos casos, el problema ya no es un incumplimiento reciente sino una deuda que permanece durante un período prolongado sin regularización. Además, esta categoría no establece un límite máximo de antigüedad, por lo que puede acumular créditos con períodos de atraso muy diferentes.
Esto genera una dificultad adicional para interpretar la evolución de la morosidad. Mientras los atrasos de corto y mediano plazo pueden disminuir rápidamente cuando los hogares o empresas logran ponerse al día, los créditos que llevan más de un año impagos permanecen dentro de los registros durante mucho más tiempo.
Por ese motivo, una reducción de la mora temprana puede convivir con un nivel elevado de morosidad total. En otras palabras, que haya menos nuevos atrasos no significa necesariamente que las deudas acumuladas durante períodos anteriores hayan sido resueltas.
Otro elemento que influye en las estadísticas es el tratamiento que cada entidad realiza sobre los créditos deteriorados. Las instituciones pueden vender determinados préstamos o retirarlos de sus registros contables bajo distintas modalidades. Esa operación modifica la composición de las carteras y, por lo tanto, puede alterar el porcentaje de morosidad que muestran los indicadores.
La situación 5 también tiene un impacto diferente según el tipo de entidad financiera. Al analizar los indicadores con y sin los créditos que acumulan más de un año de atraso, las diferencias entre los distintos segmentos se vuelven más evidentes.
En los bancos, la tasa de morosidad pasa del 10,8% cuando se excluyen esos créditos al 12,8% cuando se los incorpora. En las fintech, el salto es todavía mayor: pasa del 17,4% al 24,4%.
La diferencia resulta aún más marcada entre otros proveedores de servicios financieros no bancarios. En ese segmento, el indicador se ubica en 26,7% si se excluye la situación 5 y asciende al 47,2% cuando se incorporan esos saldos.
Los números muestran que los créditos con más de un año de atraso tienen un peso considerable dentro de determinadas carteras. Por eso, comparar únicamente la mora tradicional entre bancos, fintech y otros proveedores puede llevar a conclusiones diferentes dependiendo de qué categorías se incorporen al cálculo.
En términos monetarios, los bancos concentran alrededor de $1,5 billones correspondientes a créditos clasificados en situación 5. En el segmento fintech, esos saldos rondan los $900.000 millones, mientras que una cifra similar corresponde a otros proveedores no bancarios.
La magnitud de estos montos explica por qué la normalización de la morosidad no necesariamente será inmediata. Aunque los atrasos más recientes estén disminuyendo, existe un stock de deudas antiguas que todavía pesa sobre los balances de las entidades y sobre la situación financiera de numerosos deudores.
Para los hogares argentinos, la evolución de estos indicadores tiene relevancia porque el nivel de morosidad influye en las condiciones de acceso al financiamiento. Cuando una persona registra incumplimientos, puede encontrar mayores dificultades para acceder a nuevos préstamos, tarjetas de crédito u otras herramientas de financiación.
Esto también puede tener impacto en provincias como Salta, donde las familias utilizan distintas modalidades de crédito para afrontar gastos cotidianos, compras de bienes durables, servicios y consumos que no siempre pueden cubrir con los ingresos del mes.
Las billeteras virtuales, las tarjetas y las empresas financieras no bancarias adquirieron además un papel cada vez más importante en el acceso al financiamiento de los consumidores. Por eso, la evolución de sus niveles de mora constituye otro dato relevante para observar el comportamiento del crédito.
El retroceso de la mora temprana podría indicar que una parte de los deudores comenzó a regularizar sus compromisos o que se redujo el ingreso de nuevos préstamos a las categorías de mayor riesgo. Pero para determinar si existe una recuperación consolidada será necesario observar qué ocurre con las deudas que ya llevan largos períodos de incumplimiento.
El dato también debe analizarse en relación con el ritmo de crecimiento del crédito. Cuando las entidades aumentan fuertemente su cartera de préstamos, la incorporación de nuevos créditos puede reducir estadísticamente el peso relativo de los préstamos atrasados. Si el financiamiento deja de crecer, ese efecto de dilución pierde fuerza.
Por eso, una mejora en el porcentaje de mora no necesariamente implica por sí sola que todos los deudores estén atravesando una situación financiera más favorable. Es necesario observar simultáneamente la cantidad de créditos nuevos, los saldos vencidos, la antigüedad de las deudas y la evolución de las distintas categorías establecidas por el BCRA.
El escenario actual combina, entonces, dos señales diferentes. Por un lado, los atrasos de entre 30 y 90 días vienen descendiendo desde los máximos registrados a finales de 2025. Por otro, las deudas con más de un año de incumplimiento continúan representando una porción importante de las carteras, especialmente fuera del sistema bancario tradicional.
La evolución de ambos indicadores será clave durante los próximos meses para determinar si la mejora observada en la mora temprana logra trasladarse al conjunto del sistema financiero. Mientras tanto, la reducción de los nuevos atrasos aparece como una señal de alivio, aunque todavía convive con un volumen significativo de deudas antiguas que requiere tiempo para ser absorbido.
