El Gobierno decidió no implementar una asistencia directa para las familias con problemas de endeudamiento, pese a que la morosidad de los créditos alcanzó niveles récord en las últimas dos décadas.
La estrategia oficial consiste en que los bancos refinancien las deudas y que la recuperación del crédito contribuya a mejorar los índices de incumplimiento. Desde el Ejecutivo consideran que utilizar fondos públicos para resolver deudas entre particulares implicaría trasladar el costo a los contribuyentes.
El Ministerio de Economía y el Banco Central siguen de cerca la evolución del sistema financiero y sostienen que la mora podría haber alcanzado un punto de inflexión. Los últimos datos muestran una leve mejora, aunque todavía no permiten hablar de una recuperación consolidada.
En junio, la irregularidad del crédito a las familias bajó del 12,8% al 12,7%, mientras que el indicador general pasó del 7,7% al 7,6%. La mejora fue pequeña, pero marcó el primer descenso del índice familiar después de varios meses de fuertes aumentos.
El Gobierno también sostiene que existe un retraso entre la mejora de los pagos y su impacto en las estadísticas. El sistema de clasificación crediticia hace que una persona que comienza a regularizar su situación tarde varios meses en volver a las categorías de menor riesgo.
Por ese motivo, las autoridades esperan que la refinanciación de deudas y la recuperación del crédito permitan una reducción progresiva de la morosidad.
En el sistema financiero ya existen alternativas para los deudores. Las entidades ofrecen planes de refinanciación con diferentes condiciones, mientras que el Banco Nación avanzó con líneas específicas para quienes tienen dificultades para cumplir con sus compromisos. Hasta julio, la entidad concretó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones.
La situación, sin embargo, continúa siendo delicada. Cerca de 6 millones de personas quedaron fuera del acceso a nuevos préstamos debido a deudas impagas y una parte importante de quienes habían obtenido financiamiento perdió su condición de sujeto de crédito.
Otro factor de preocupación es el llamado “efecto de arrastre”. Se produce cuando una persona que mantiene un buen historial con un banco comienza a acumular atrasos en préstamos obtenidos a través de billeteras virtuales o entidades no financieras. El deterioro de ese perfil puede terminar afectando también su acceso al crédito bancario.
Los datos muestran que el problema todavía no está resuelto. En junio, la morosidad de los créditos a familias aumentó en buena parte de las principales entidades financieras. Además, los préstamos otorgados por entidades no financieras registraron niveles de incumplimiento considerablemente más altos.
Por ahora, el Gobierno mantiene su decisión de no intervenir con fondos públicos y apuesta a una salida basada en la refinanciación privada y la recuperación del crédito. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si la leve mejora registrada recientemente se convierte en una tendencia sostenida.
