El gobernador Gustavo Sáenz y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, rubricaron el convenio marco que permitirá a Salta contar con un importante anticipo financiero de 259.000 millones de pesos. El acuerdo se enmarca en el Decreto Nacional 219/2026 y busca atender necesidades transitorias de liquidez de la provincia.
Según los términos del convenio, el monto total autorizado para Salta alcanzaba hasta 400.000 millones, pero en esta primera etapa se concretaron 259.000 millones. El desembolso se realizará de manera escalonada: 120.000 millones llegarán durante abril de 2026, otros 60.000 millones en mayo (sujeto a la solicitud de la provincia y a la disponibilidad de fondos nacionales) y los 79.000 millones restantes en junio.
La tasa de interés acordada es fija nominal anual del 15%. La devolución del capital se hará en cuatro cuotas mensuales consecutivas que comenzarán a pagarse en agosto de 2026. Los intereses se calcularán sobre el saldo deudor y se descontarán de forma automática a través de las retenciones de coparticipación federal.
Como garantía del anticipo, la provincia afectó los recursos que le corresponden por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, además de otros fondos nacionales sin destino específico. De esta manera, el Estado nacional se asegura el recupero de los fondos mediante el mecanismo habitual de distribución de impuestos.
El convenio también incluye obligaciones de transparencia para Salta. La provincia se comprometió a enviar información financiera periódica a la Secretaría de Hacienda de la Nación, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, para permitir un seguimiento detallado del estado de las cuentas públicas.
Este tipo de anticipos financieros se otorgan con el objetivo de brindar alivio a las provincias en momentos de tensiones de caja, permitiendo mantener el normal funcionamiento de los servicios esenciales y el pago de salarios sin afectar el equilibrio fiscal a mediano plazo.
Con esta operación, el Gobierno de Salta busca fortalecer su posición financiera durante el segundo trimestre de 2026, mientras continúa con la administración responsable de los recursos provinciales en un contexto económico nacional complejo.
La firma del acuerdo refleja el diálogo permanente entre la Nación y las provincias para resolver las necesidades financieras coyunturales, siempre bajo las reglas previstas en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto.
