Una organización integrada por cuatro presos habría utilizado el nombre y la imagen de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para obtener información de personas detenidas y luego extorsionar a sus familiares con falsas promesas de liberación. Por la maniobra, que se habría desarrollado desde una cárcel de Jujuy, el fiscal federal Franco Picardi solicitó que los sospechosos sean llevados a juicio.
La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando un comisario de la Policía Federal recibió una llamada de un hombre que se presentó como el propio Rosatti. El supuesto magistrado pidió un listado actualizado de detenidos, con sus nombres, causas judiciales, antecedentes, tiempo de alojamiento y teléfonos de contacto de sus familiares.
La solicitud despertó sospechas en el funcionario policial, que pidió un número para devolver la comunicación. Cuando llamó, otra persona aseguró pertenecer a la Corte Suprema, pero la conversación se interrumpió cuando preguntó por el presidente del máximo tribunal.
Poco después, desde el área de seguridad de la Corte confirmaron que Rosatti nunca había realizado ese requerimiento. La denuncia permitió iniciar una investigación que terminó revelando una estructura organizada para cometer estafas y extorsiones.
Una maniobra organizada desde prisión
Los investigadores determinaron que los sospechosos utilizaban líneas telefónicas y perfiles de WhatsApp con la fotografía de Rosatti y referencias a la Corte Suprema. De esa manera, buscaban convencer a integrantes de fuerzas de seguridad de que estaban frente a una comunicación oficial.
Con los datos obtenidos, contactaban a familiares de personas privadas de su libertad y se presentaban como autoridades judiciales. Les ofrecían supuestas gestiones para conseguir excarcelaciones, beneficios o libertades a cambio del pago de una fianza.
En algunos casos, las exigencias económicas oscilaban entre los 600.000 y los 800.000 pesos. Los depósitos debían realizarse en cuentas bancarias falsas, que eran presentadas como pertenecientes al Poder Judicial.
La investigación también detectó otra modalidad: los acusados utilizaban el nombre del magistrado para simular la representación de empresas y comunicar a las víctimas que habían ganado premios, como dinero, vehículos o electrodomésticos. Luego solicitaban transferencias por supuestos gastos administrativos.
A partir de intervenciones telefónicas, análisis de antenas y pedidos de información a compañías de telefonía, los investigadores lograron identificar el origen de las comunicaciones. Las primeras señales ubicaron uno de los teléfonos utilizados en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N.º 7, ubicado en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy.
Ocho hechos bajo investigación
Durante el expediente se reconstruyeron ocho episodios ocurridos entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Los llamados estuvieron dirigidos a distintas dependencias policiales y penitenciarias de Santa Fe, Esquel, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro, además de instalaciones de Gendarmería Nacional.
En una de las comunicaciones, realizada en enero de 2025, el falso Rosatti invocó una supuesta comisión de control de derechos humanos para solicitar información sobre internos y posibles traslados o excarcelaciones. Incluso consiguió el teléfono particular de un comandante y le pidió que contactara a familiares de detenidos.
Las escuchas telefónicas fueron fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la organización. En una conversación del 2 de diciembre de 2024, uno de los acusados explicó cómo debían realizar los llamados, qué información tenían que conseguir y de qué manera ofrecerían falsas liberaciones.
Durante esa charla, describió el mecanismo para solicitar nombres, causas judiciales y teléfonos de familiares. También mencionó una supuesta fianza de un millón de pesos que debía depositarse en una cuenta bancaria ficticia presentada como oficial.
Los cuatro imputados fueron identificados por sus iniciales como C. M. A. A., de 38 años; R. A. R., de 40; S. A. L., de 31; y W. R. V., de 32. Todos se encontraban detenidos y cumplían condenas por distintos delitos, entre ellos robos, hurtos y homicidio.
El fiscal Picardi consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso judicial contra los acusados por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a estafas y extorsiones mediante la suplantación de identidad de una de las máximas autoridades judiciales del país.
