La crisis política y judicial en Paraguay escaló durante la madrugada de este sábado, cuando Santiago Peña fue trasladado desde su residencia en Asunción hasta el Regimiento Escolta Presidencial, luego de que manifestantes protagonizaran graves incidentes frente a su vivienda.
El operativo de seguridad se realizó en medio de protestas de vecinos y ahorristas afectados por el escándalo financiero de Ueno Bank. La multitud rechazaba las condiciones iniciales de detención del exmandatario y exigía su traslado a una cárcel.
Durante la evacuación, los manifestantes arrojaron piedras y huevos contra los vehículos blindados que integraban la comitiva. La Policía intentó contener la situación mediante un cordón de seguridad, pero fue superada por la cantidad de personas concentradas en el lugar.
Ante el avance de la protesta, los efectivos utilizaron balas de goma para dispersar a la multitud. Los enfrentamientos dejaron varios heridos, entre ellos el jefe policial Pedro Bavera.
Finalmente, las autoridades dispusieron que Peña fuera llevado a las instalaciones militares ubicadas sobre las avenidas General Santos y Mariscal López, con el argumento de garantizar su integridad física.
El traslado se concretó horas antes de la declaración indagatoria prevista para este sábado a las 11, ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. El exgobernante está investigado en una causa que incluye presuntos delitos de lesión de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias e infracciones informáticas.
La investigación busca determinar su eventual responsabilidad en el escándalo financiero de Ueno Bank. Según las actuaciones judiciales, Peña habría mantenido importantes participaciones accionarias y fondos depositados en certificados de la entidad, de acuerdo con sus declaraciones juradas.
La crisis también alcanzó al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, quien se presentó voluntariamente ante la Policía luego de que se emitiera una orden de captura en su contra. Está señalado por una presunta omisión de controles regulatorios y posibles irregularidades relacionadas con la colocación de fondos públicos.
El conflicto político tuvo otro capítulo decisivo en el Congreso, donde el Senado aprobó la destitución de Peña mediante un juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones. Aunque el dirigente había presentado su renuncia, los legisladores rechazaron tratarla para avanzar con el proceso.
La resolución también estableció su inhabilitación para ocupar una banca como senador vitalicio.
En paralelo, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, quedó al frente del Ejecutivo y prometió compensar a los ahorristas perjudicados por el colapso financiero, en un escenario marcado por la incertidumbre política y las consecuencias económicas del caso.