El bloque de La Libertad Avanza en el Senado logró dictamen en comisión del acuerdo con los acreedores que litigaron contra la Argentina en tribunales de Nueva York por el default de 2001. El Gobierno aseguró que la adenda enviada al Senado no modifica el monto total del acuerdo ni amplía obligaciones para el Estado.
Según adelantó la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, la idea es tratar el proyecto en el recinto la semana que viene.
El oficialismo obtuvo apoyo para avanzar con el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los distintos canjes de deuda y mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses. La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.
La explicación técnica del entendimiento estuvo a cargo del procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija. Los funcionarios defendieron ante senadores la adenda remitida por el Poder Ejecutivo, luego de que el acuerdo fuera retirado del recinto la semana pasada y reenviado a comisión.
Cambios en la adenda y correcciones al listado de bonos
Sebastián Amerio sostuvo que el primer dictamen fue descartado por un “error material” y explicó que “hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. La suma a pagar por el Estado argentino sigue en 171.000.000 de dólares”.
Según el texto oficial, la adenda modificó únicamente el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores. El Ejecutivo insiste en que la actualización “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”.
Además, el Gobierno remarcó que el acuerdo establece una exoneración total para el Estado argentino y precisó que el monto final fue calculado exclusivamente sobre sentencias firmes emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos.
El respaldo oficialista y las dudas opositoras
La reunión fue encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Allí se ratificó el entendimiento con los acreedores que quedaron fuera del canje posterior al default y se avaló la autorización para cancelar las obligaciones derivadas de esos litigios.
El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, afirmó que “estos juicios y sentencias generan perjuicios al país. Siempre estuvo claro que cualquier acuerdo debía pasar por el Congreso Nacional”.
La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, adelantó que el proyecto será tratado en el recinto la próxima semana. Desde la oposición, los senadores justicialistas Jorge Capitanich y Fernando Salino plantearon cuestionamientos sobre el contenido del acuerdo.
El entendimiento sellado en Nueva York
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El texto exige aprobación legislativa para su implementación.
El proyecto fue remitido al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Más tarde, Patricia Bullrich dispuso su giro a las comisiones correspondientes.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El entendimiento prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
