La crisis social y política en Irán atraviesa uno de sus momentos más dramáticos. Al menos 648 personas murieron como consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las protestas que sacuden al país desde fines de diciembre. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan que la cifra real de víctimas fatales podría ser muy superior y llegar a superar las 6.000, en un contexto marcado por el bloqueo informativo y el endurecimiento de las medidas del régimen iraní.
El dato corresponde a fallecimientos que lograron ser verificados, aunque la situación sobre el terreno es mucho más compleja. Durante varios días consecutivos, las autoridades iraníes impusieron un bloqueo casi total de internet, lo que dificulta de manera extrema la confirmación independiente de lo que ocurre en distintas ciudades y provincias. Esta falta de acceso a la información genera una fuerte preocupación a nivel internacional y abre interrogantes sobre la magnitud real de la represión.
Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por el colapso del rial iraní, que alcanzó un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. La abrupta devaluación profundizó la inflación y provocó un aumento generalizado en los precios de alimentos, combustibles y productos básicos, golpeando con fuerza el poder adquisitivo de la población. El malestar social estalló inicialmente en mercados del centro de Teherán y rápidamente se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias del país.
La respuesta del Estado fue inmediata y violenta. Las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones con gases lacrimógenos, disparos y detenciones masivas. A esto se sumaron cortes de internet, restricciones a las comunicaciones y advertencias oficiales sobre posibles penas severas para quienes participaran de las protestas. En los primeros días, ya se registraban centenares de muertos y miles de heridos, según los relevamientos de organizaciones civiles.
Uno de los episodios más graves se produjo el 1 de enero en la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán, donde se registraron enfrentamientos de alta intensidad. Videos que lograron circular antes del bloqueo mostraban incendios, disparos y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad. También se reportaron muertes en otras provincias como Isfahán y Chaharmahal y Bakhtiari, lo que confirma que la represión no se limitó a la capital, sino que se desplegó en todo el territorio iraní.
En medio de la escalada de violencia, se produjeron movimientos dentro del propio gobierno. El presidente del Banco Central de Irán presentó su renuncia luego de que las protestas se intensificaran, en un intento de descomprimir la crisis económica. Posteriormente, el presidente iraní mantuvo reuniones con sectores empresariales y prometió medidas para enfrentar la inflación y estabilizar la economía, aunque esas señales no lograron frenar el descontento popular.
La situación en Irán generó además repercusiones en el escenario internacional. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump lanzó advertencias públicas en relación con la represión de manifestantes, en un contexto de fuerte tensión entre ambos países tras recientes ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. En ese marco, se mencionaron posibles instancias de negociación, aunque el clima sigue siendo de máxima incertidumbre.
Mientras tanto, activistas y organizaciones humanitarias sostienen que el número de muertos continúa en aumento. El bloqueo informativo impide saber con precisión cuántas personas perdieron la vida, cuántas permanecen detenidas y cuántas resultaron heridas. La falta de datos confiables agrava la preocupación por eventuales violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles.
El escenario que atraviesa Irán refleja una combinación explosiva de crisis económica, pérdida de poder adquisitivo, inflación descontrolada y un Estado que responde con represión ante el reclamo social. La advertencia de que las víctimas podrían superar las 6.000 pone en evidencia la gravedad del conflicto y la urgencia de una respuesta internacional que priorice la protección de la población civil.
Desde Salta y el resto de Argentina, la situación es seguida con atención por organismos de derechos humanos y analistas internacionales, que remarcan la importancia de garantizar el acceso a la información y el respeto a las libertades fundamentales. En un mundo cada vez más interconectado, el bloqueo de internet y la censura se convierten en herramientas clave para ocultar la magnitud de los conflictos internos.
La represión en Irán continúa y el saldo de víctimas sigue siendo motivo de alarma. Con protestas que no cesan y un contexto económico cada vez más crítico, el país enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años. La comunidad internacional observa con preocupación mientras crecen los temores de que la cifra real de muertos sea mucho más alta de lo que hoy se conoce.
