La represión desatada por el régimen iraní frente a las protestas antigubernamentales que sacuden al país dejó un saldo estremecedor: al menos 2.000 personas muertas y más de 16.000 detenidas, según reportes de organizaciones dedicadas al monitoreo de derechos humanos. Las cifras, que continúan en revisión, marcan uno de los episodios más sangrientos de las últimas décadas en Irán y reflejan la magnitud del conflicto social que enfrenta el sistema teocrático.
Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre, impulsadas inicialmente por el deterioro económico, la inflación y la falta de perspectivas laborales. Con el correr de los días, las protestas fueron mutando en un cuestionamiento directo al poder político y religioso, con consignas cada vez más explícitas contra el liderazgo del ayatolá Alí Jamenei, figura central del régimen desde hace más de tres décadas.
El impacto de la represión no solo se mide en la cantidad de víctimas fatales, sino también en el nivel de violencia desplegado por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con los relevamientos, la mayoría de los fallecidos eran manifestantes, aunque también se registraron muertes de civiles ajenos a las protestas, menores de edad y personas identificadas como simpatizantes del gobierno. La cifra de detenidos supera ampliamente los registros de conflictos anteriores y genera preocupación por las condiciones de encierro y los posibles abusos.
En paralelo, tras varios días de aislamiento casi total, el gobierno permitió nuevamente las llamadas telefónicas al exterior desde teléfonos celulares. La interrupción de las comunicaciones había sido interpretada como una estrategia para frenar la organización de las protestas y limitar la difusión de imágenes y testimonios. La reapertura parcial no disipó, sin embargo, el clima de tensión ni las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Las calles de Teherán y de otras ciudades importantes se convirtieron en el escenario de enfrentamientos, incendios de edificios públicos y ataques a bancos y dependencias estatales. Testigos describen operativos realizados por agentes de civil, detenciones arbitrarias y un clima de persecución constante. En muros y espacios públicos comenzaron a aparecer grafitis con consignas extremas contra el líder supremo, una expresión de disidencia que en Irán puede ser castigada incluso con la pena de muerte.
El conflicto interno también tuvo repercusiones en el plano internacional. Desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para instar a los iraníes a continuar con las movilizaciones y “tomar el control de sus instituciones”. En ese mismo mensaje aseguró haber suspendido contactos oficiales con autoridades iraníes hasta que cesen las muertes de manifestantes, y deslizó la posibilidad de algún tipo de asistencia, aunque sin precisar alcances ni mecanismos.
Las declaraciones de Trump sumaron tensión a un escenario ya delicado. Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi reconoció la existencia de canales de diálogo con representantes estadounidenses, activos incluso antes del estallido social, pero rechazó de plano lo que definió como amenazas e ideas incompatibles con la soberanía iraní. La diplomacia se mueve en un terreno frágil, atravesado por la crisis interna y la presión externa.
Los números difundidos por los organismos de derechos humanos reflejan, además, un salto significativo respecto de protestas anteriores, como las registradas en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por no cumplir con las normas del velo obligatorio. Aquella ola de manifestaciones ya había expuesto el malestar social, pero la actual represión cuadruplica el número de víctimas fatales, lo que enciende alertas a nivel global.
Especialistas advierten que las cifras podrían ser incluso mayores, debido a las dificultades para acceder a información confiable dentro del país y al temor de familiares y testigos a denunciar. El control estatal sobre los medios y las comunicaciones complica la verificación independiente de los hechos, mientras crece la preocupación por el destino de miles de personas arrestadas.
Irán atraviesa así uno de los momentos más críticos desde la Revolución Islámica de 1979. La combinación de crisis económica, descontento social, represión y aislamiento internacional configura un escenario inestable, cuyo desenlace aún es incierto. Mientras tanto, las calles siguen siendo el principal termómetro de un conflicto que ya dejó miles de víctimas y que mantiene en vilo a la comunidad internacional.
