La crisis de Ueno Bank sacudió al sistema financiero y político de Paraguay. Ocho integrantes de la conducción de la entidad fueron detenidos por orden judicial, en el marco de una investigación por presuntas maniobras económicas. Al mismo tiempo, el presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central y anunció gestiones para recuperar los ahorros de los clientes afectados.
La última detención fue la de Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años, quien fue localizado en un complejo residencial de la localidad de Altos, en el departamento de Cordillera. Con su arresto, la Policía completó el operativo contra los ocho directivos que tenían orden de captura.
Entre los detenidos se encuentran el CEO de la entidad, Miguel Vázquez; su presidente, Juan Manuel Gustale, y otros integrantes del directorio. Algunos se presentaron voluntariamente ante las autoridades, mientras que otros fueron capturados durante los procedimientos.
La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La denuncia inicial fue presentada por el propio Banco Central de Paraguay y el expediente ya reúne aproximadamente 2.000 fojas.
Los investigadores analizan posibles delitos de lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis, entre otras figuras. Sin embargo, las detenciones no representan una condena y la Fiscalía todavía debe determinar las responsabilidades individuales y los pasos judiciales correspondientes.
Un conflicto que llegó al Gobierno
En paralelo al avance de la causa, Peña tomó la decisión de pedir la renuncia de Carlos Carvallo, presidente del Banco Central. El planteo se produjo luego de que el organismo resolviera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.
El mandatario intentó llevar tranquilidad y sostuvo que se trata de una situación particular de la entidad, sin que eso implique una crisis general del sistema financiero paraguayo. También reclamó que los responsables respondan ante la Justicia, sin privilegios.
La salida de Carvallo abrió un nuevo frente de tensión política, especialmente por los cuestionamientos sobre los controles y la supervisión que se realizaron antes del colapso de la entidad.
Miles de ahorristas afectados
El cierre de Ueno Bank dejó sin funcionamiento su aplicación, tarjetas, cajeros automáticos y canales de atención. Como consecuencia, miles de clientes quedaron imposibilitados de utilizar sus cuentas y retirar sus fondos.
La situación también alcanzó a organismos públicos y cajas previsionales. Según los datos disponibles, el banco tenía más de 2,94 millones de clientes y entre sus depositantes figuraban unos 32.000 pensionistas del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad.
Ante este escenario, Peña acordó con autoridades del Congreso avanzar con un proyecto de ley para utilizar el Fondo de Garantía y comenzar a devolver los depósitos. La iniciativa también contempla recuperar recursos del Estado y de organismos previsionales.
Mientras tanto, comerciantes y empresarios advirtieron sobre las dificultades para pagar salarios, comprar mercadería y cumplir compromisos con proveedores.
La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay alertó que la interrupción de los servicios podría provocar una fuerte paralización comercial, debido a la dependencia de numerosas operaciones electrónicas de Ueno Bank.
El impacto también llegó a los servicios públicos. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación suspendió los pagos a través del Portal Paraguay, utilizado para realizar distintos trámites estatales.
Así, el caso dejó de ser solamente un problema bancario y se convirtió en una crisis que compromete a ahorristas, empresas, organismos públicos y al propio Gobierno paraguayo.
