El Gobierno nacional avanzó con una flexibilización de los controles antilavado para incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero. La medida apunta a captar los ahorros que permanecen fuera del circuito formal y facilitar su incorporación a los bancos, en un escenario marcado por la presión cambiaria y el aumento del riesgo país.
La decisión quedó establecida en la Resolución 144/2026 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que introduce un mecanismo de debida diligencia simplificada para las personas adheridas al régimen de Declaración Jurada Simplificada.
Con este cambio, las entidades financieras dejarán de estar obligadas a solicitar documentación sobre la actividad económica, los ingresos, el patrimonio o el origen de los fondos depositados por esos clientes. Tampoco deberán verificar si los montos ingresados coinciden con su capacidad de ahorro declarada.
La normativa también limita los pedidos de explicaciones adicionales sobre determinadas operaciones cuando su finalidad pueda identificarse a partir de las características de la transacción.
Además, establece que la aplicación sistemática e injustificada de controles adicionales, cuando no respondan al perfil de riesgo del cliente, podrá ser evaluada por la UIF y los organismos supervisores.
El debate por los controles internacionales
La flexibilización abre interrogantes sobre su compatibilidad con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo del que Argentina forma parte.
Las recomendaciones internacionales permiten simplificar procedimientos cuando existe una evaluación de bajo riesgo, pero mantienen la obligación de identificar clientes, monitorear operaciones y prevenir el lavado de activos.
El desafío para el Gobierno será encontrar un equilibrio entre la necesidad de incorporar dólares a la economía y el cumplimiento de los mecanismos de prevención financiera.
La medida llega, además, en un momento complejo para el programa económico de Javier Milei. Aunque el país registra un importante superávit comercial, ese resultado no se traduce automáticamente en una mayor acumulación de reservas.
Entre enero y septiembre de 2026, el saldo comercial positivo alcanzó los USD 21.198 millones, frente a los USD 6.046 millones del mismo período del año anterior. Las exportaciones crecieron un 21,6%, hasta los USD 77.267 millones, mientras que las importaciones retrocedieron un 2,5%.
En septiembre, las ventas externas superaron por primera vez los USD 10.000 millones mensuales. Sin embargo, una parte de las divisas obtenidas se destina al pago de compromisos externos, mientras que otra responde a la demanda de dólares de empresas y ahorristas.
Menos financiamiento y más presión cambiaria
A esta situación se suma el freno de las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales. Las colocaciones externas, que durante los últimos meses habían aportado divisas, perdieron dinamismo y las condiciones de financiamiento se volvieron más exigentes.
El riesgo país alcanzó los 829 puntos básicos, prácticamente el doble del nivel registrado en julio. Este incremento encarece el acceso al crédito y refleja la mayor desconfianza de los inversores frente a los activos argentinos.
La incertidumbre también impulsa la búsqueda de cobertura en moneda extranjera y agrega presión sobre el mercado cambiario.
En la jornada mencionada, el dólar oficial cerró a $1.570, mientras que el blue alcanzó el mismo valor. El MEP llegó a $1.575,59 y el contado con liquidación se ubicó en $1.666,35.
En paralelo, el Banco Central enfrenta dificultades para incrementar sus reservas sin generar nuevas tensiones sobre el tipo de cambio.
Los compromisos de deuda externa representan otra preocupación para el Ejecutivo. A diferencia de las obligaciones en pesos, esos vencimientos requieren disponibilidad de moneda extranjera, ya sea mediante refinanciación, nuevos préstamos o utilización de reservas y depósitos del Tesoro.
En este contexto, la flexibilización de las normas antilavado aparece como una herramienta para movilizar los dólares de los ahorristas y ampliar la oferta de divisas dentro del sistema financiero.
La apuesta oficial es que una menor exigencia documental incentive a más personas a ingresar sus ahorros al circuito formal. Sin embargo, el alcance de la medida también reabre el debate sobre los riesgos de reducir los controles destinados a prevenir operaciones de lavado de dinero.
