Estados Unidos volvió a expresar un fuerte respaldo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira en medio de una creciente crisis interna marcada por protestas, bloqueos y reclamos sociales que ya llevan varias semanas y generan un escenario de fuerte inestabilidad política.
El pronunciamiento más reciente llegó a través del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que su país respalda “sin reservas” al gobierno constitucional de Bolivia y advirtió que no permitirá intentos de desestabilización por parte de actores vinculados al crimen organizado. La declaración se sumó a otras expresiones oficiales emitidas en los últimos días desde Washington.
La posición del gobierno estadounidense refuerza una línea de apoyo que ya había sido anticipada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y por el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien también sostuvo conversaciones directas con autoridades bolivianas y defendió la continuidad institucional del gobierno frente a los pedidos de renuncia que surgieron desde distintos sectores.
En paralelo, la situación en Bolivia se agravó por una serie de protestas sociales que incluyen reclamos salariales, cuestionamientos a reformas vinculadas a la propiedad agraria y un creciente descontento político con la gestión de Paz. En varias regiones se registraron bloqueos que afectan la circulación de alimentos, medicamentos y combustibles, generando un impacto directo en la vida cotidiana.
Uno de los puntos más sensibles se da en el altiplano, donde comunidades indígenas mantienen cortes de ruta que afectan el acceso a la ciudad de La Paz, en un contexto de escasez de insumos básicos. A esto se sumaron episodios de violencia en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con daños a edificios públicos y tensión en distintos puntos del país.
Desde el gobierno boliviano se sostiene que parte de las protestas estaría influenciada por sectores vinculados al narcotráfico, una acusación que también fue mencionada por funcionarios estadounidenses en sus declaraciones. Sin embargo, estos señalamientos no fueron acompañados por pruebas públicas y profundizaron la polémica política.
El conflicto trascendió las fronteras bolivianas y generó pronunciamientos de distintos países de la región. Un grupo de gobiernos latinoamericanos expresó su rechazo a cualquier intento de alterar el orden democrático, mientras que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) también llamaron a preservar la institucionalidad y evitar una escalada de violencia.
En ese marco, la crisis derivó incluso en tensiones diplomáticas con Colombia, luego de declaraciones cruzadas entre autoridades de ambos países que terminaron con expulsiones recíprocas de representantes diplomáticos.
Pese a la creciente presión interna y externa, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira intenta sostener su gestión en medio de un escenario complejo, con protestas activas, reclamos sociales acumulados y un clima político cada vez más polarizado que mantiene en alerta a toda la región.
