Una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México generó una fuerte controversia luego de que se resolviera que un hombre deberá continuar pagando la manutención de una menor, pese a que una prueba de ADN confirmó que no existe un vínculo biológico entre ambos. El caso ocurrió en el estado de Chiapas y abrió una discusión sobre hasta dónde llegan las responsabilidades legales de una persona que reconoció a una niña como hija y posteriormente descubrió que no era su padre biológico.
La historia comenzó cuando el hombre registró voluntariamente a la pequeña como su hija, pocos días después de su nacimiento, ocurrido en septiembre de 2018. En ese momento, mantenía una relación de convivencia con la madre y asumió legalmente la paternidad.
Sin embargo, aproximadamente dos años después, decidió realizarse una prueba genética para confirmar si realmente existía un vínculo biológico. El resultado fue contundente: el estudio descartó que fuera el padre biológico de la niña.
Ante esa situación, inició una batalla judicial para desconocer la paternidad, modificar el acta de nacimiento y dejar sin efecto las obligaciones que había adquirido al reconocer legalmente a la menor.
En una primera instancia, un juzgado civil llegó a darle la razón y ordenó retirar su nombre y apellido del acta de nacimiento de la niña, además de extinguir el vínculo de filiación y los derechos hereditarios correspondientes.
Pero la madre apeló la decisión y el fallo fue revocado por una sala del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. El conflicto continuó avanzando por distintas instancias judiciales hasta llegar a la Suprema Corte.
El punto central de la controversia estuvo relacionado con el artículo 326 del Código Civil de Chiapas, que establece un plazo de 60 días para impugnar la paternidad. La legislación contempla que ese período debe computarse desde el nacimiento del menor o desde el momento en que el hombre toma conocimiento de circunstancias que podrían indicar que no existe un vínculo biológico, según las condiciones del caso.
La Suprema Corte consideró que el hombre había presentado su reclamo fuera del plazo correspondiente. Por lo tanto, determinó que no podía utilizar una prueba de ADN obtenida posteriormente para reabrir automáticamente la posibilidad de desconocer la filiación.
En otras palabras, aunque la ciencia confirmó que no existía parentesco biológico, para la Justicia mexicana el reconocimiento legal continuaba vigente.
Esto significa que el hombre deberá mantener las responsabilidades jurídicas derivadas de esa filiación, entre ellas la obligación de aportar económicamente para la manutención de la menor.
Uno de los principales fundamentos del fallo fue el principio del interés superior de la niñez. La mayoría de los ministros consideró que la estabilidad jurídica y familiar de los menores debe ser una prioridad y que las relaciones de filiación no pueden permanecer indefinidamente sujetas a controversias.
Desde esa perspectiva, la obligación alimentaria y los derechos familiares de una niña no deberían quedar expuestos a modificaciones tardías que puedan afectar su estabilidad.
El proyecto fue elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía y recibió el respaldo de la mayoría del pleno. La resolución sostuvo que el reconocimiento legal de un hijo genera derechos y obligaciones que deben respetarse mientras no sean modificados mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. Las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González votaron en contra del criterio mayoritario.
Ambas plantearon objeciones sobre las consecuencias de mantener obligaciones de paternidad cuando una prueba científica descarta el vínculo biológico. También cuestionaron que una persona pueda continuar legalmente vinculada a una filiación pese a contar con evidencia genética que demuestra lo contrario.
De esta manera, el caso dejó expuestas dos posiciones diferentes: por un lado, la protección de la identidad y la estabilidad económica de la menor y, por otro, el planteo sobre las responsabilidades que debe asumir una persona cuando descubre que no existe una relación biológica.
La resolución de la Suprema Corte mexicana volvió a poner sobre la mesa una discusión que genera opiniones divididas: ¿debe prevalecer el resultado de una prueba de ADN o el reconocimiento legal realizado por una persona cuando se trata de garantizar los derechos de un menor?
El caso tiene una particularidad importante: no se trata simplemente de un hombre que descubrió mediante un estudio genético que no era el padre biológico, sino de una persona que había reconocido voluntariamente a la niña y que, según el criterio judicial, no inició el procedimiento para impugnar la filiación dentro del plazo establecido.
Además, el fallo corresponde específicamente a la legislación del estado mexicano de Chiapas y no debe interpretarse como una regla aplicable automáticamente a otros países, incluida Argentina, donde existen normas propias sobre filiación y obligaciones alimentarias.
La resolución volvió a instalar una pregunta que divide opiniones: ¿es justo que alguien deba seguir manteniendo económicamente a un niño cuando una prueba de ADN demuestra que no es su padre biológico, pero la Justicia considera que ya perdió la oportunidad legal de desconocerlo?
