El cantante Julio Iglesias enfrenta una grave denuncia judicial presentada por dos ex empleadas domésticas que trabajaron en sus mansiones ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Las mujeres lo acusan por presunto abuso sexual, maltrato psicológico, trata de personas y violaciones a los derechos laborales durante el tiempo en que prestaron servicios en sus residencias privadas.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el pasado 5 de enero y quedó bajo la órbita de ese país debido a la nacionalidad del artista, a pesar de que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de territorio español. La acción judicial cuenta con el acompañamiento de una organización internacional especializada en derechos humanos y violencia de género.
Según consta en la denuncia, los episodios se habrían producido entre enero y octubre de 2021. Las denunciantes sostienen que, desde el primer contacto laboral, fueron sometidas a situaciones de hostigamiento constante, abuso de poder, amenazas veladas y un trato degradante que se extendió hasta el final de su relación laboral. Además del cantante, la acusación alcanza a un grupo de encargadas de las residencias, señaladas como presuntas colaboradoras necesarias para que los hechos ocurrieran.
Los delitos que se investigan incluyen trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, además de delitos contra la libertad y la integridad sexual, como acoso y agresión sexual. También se mencionan lesiones y la imposición de condiciones laborales abusivas, en un contexto que las denunciantes describen como de extrema vulnerabilidad económica y emocional.
Las mujeres relataron que el maltrato no se limitaba al ámbito laboral. Aseguran haber sido víctimas de acoso sexual reiterado y de violencia psicológica sistemática, ejercida mediante humillaciones, control permanente y situaciones intimidatorias. En ese marco, afirmaron que se les exigía disponibilidad absoluta y se les negaban derechos básicos, bajo la amenaza de perder el empleo o sufrir represalias.
Por razones de seguridad y para preservar su integridad, la identidad de las denunciantes fue protegida. En el expediente judicial figuran con nombres ficticios y se solicitó expresamente evitar cualquier tipo de contacto entre ellas, el acusado y su entorno. La medida se fundamenta en el poder económico y la influencia pública del artista, así como en el temor de las víctimas a posibles represalias.
En sus testimonios, las denunciantes expresaron que la denuncia busca no solo obtener justicia personal, sino también visibilizar situaciones que —según sostienen— habrían afectado a otras mujeres que pasaron por las mismas residencias. Plantearon que durante años existió un clima de silencio y naturalización del abuso, sostenido por relaciones laborales desiguales y por el peso simbólico de la figura denunciada.
La causa tomó estado público días después de su presentación judicial, cuando trascendieron detalles de la investigación y de los testimonios recolectados a lo largo de varios años. En ese marco, se intentó obtener la versión del cantante y de las personas señaladas como responsables indirectas, aunque hasta el momento no hubo respuestas públicas ni declaraciones formales.
El caso se inscribe en un contexto global marcado por el avance de denuncias vinculadas a abusos sexuales y violencia de género, incluso contra figuras de alto perfil. En los últimos años, este tipo de procesos judiciales puso en discusión las relaciones de poder en ámbitos laborales privados y la dificultad que enfrentan las víctimas para denunciar, especialmente cuando dependen económicamente de sus empleadores.
Las denunciantes remarcaron que decidieron avanzar judicialmente luego de un largo proceso personal, atravesado por el miedo, la culpa y la incertidumbre. En sus declaraciones, señalaron que esperan que la causa permita sentar un precedente y alentar a otras víctimas a hablar, aun cuando los responsables sean personas influyentes o mediáticamente consagradas.
Mientras la investigación avanza en el ámbito judicial español, el caso mantiene en vilo tanto al mundo del espectáculo como a los organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos. La denuncia abre interrogantes sobre las condiciones laborales en entornos privados de alto poder adquisitivo y sobre los mecanismos de control que, según las acusaciones, habrían permitido que los abusos se prolongaran en el tiempo.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa de análisis preliminar y recopilación de pruebas. La justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones formales. En tanto, las denunciantes insisten en que su decisión de hablar busca romper el silencio y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
