La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos quedó envuelta en una controversia política luego de que la administración de Donald Trump negara haber participado en su salida de Brasil, aunque reconoció que el mandatario autorizó su ingreso al país. El dirigente brasileño llegó a Miami después de abandonar territorio brasileño a través de la Argentina, pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
El encargado de responder sobre el episodio fue el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien aseguró que Washington no intervino directamente en el traslado. Sus declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre del G20.
Según explicó el funcionario, Bolsonaro ya contaba con una visa vigente y fue el propio Trump quien tomó la decisión de permitirle ingresar a Estados Unidos. Rubio insistió en que su administración no organizó ni facilitó las maniobras necesarias para concretar su salida de Brasil.
El funcionario sostuvo que las autoridades estadounidenses fueron informadas cuando el dirigente ya había llegado al país y que no participaron en las decisiones vinculadas con su traslado.
Sin embargo, el caso generó cuestionamientos dentro del Congreso norteamericano. Un grupo de 25 legisladores demócratas solicitó formalmente explicaciones al Departamento de Estado para determinar si algún funcionario tuvo intervención en el recorrido que permitió a Bolsonaro abandonar Brasil y llegar a Florida.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el paso por la Argentina y Ecuador. Los legisladores quieren saber si representantes diplomáticos o funcionarios estadounidenses destinados en esos países colaboraron en la coordinación del itinerario.
El pedido de información también incluye consultas sobre cuándo tomó conocimiento Washington de las restricciones judiciales que impedían a Bolsonaro salir de Brasil y si se verificó que contara con autorización legal para viajar antes de permitirle ingresar a Estados Unidos.
La presentación fue impulsada por las congresistas Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus, junto con otros integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En el documento solicitaron respuestas por escrito antes del 13 de noviembre y una reunión informativa para el personal del Congreso.
En total, los legisladores formularon 15 preguntas destinadas a esclarecer qué conocimiento tenía el gobierno estadounidense sobre la situación judicial del brasileño y si existió algún tipo de colaboración para concretar su llegada a Florida.
Por su parte, Donald Trump se refirió públicamente al caso y manifestó que Bolsonaro podrá permanecer en Estados Unidos durante el tiempo que considere necesario. El presidente estadounidense también cuestionó el trato judicial recibido por el dirigente brasileño, aunque aclaró que no tiene previsto reunirse con él.
La controversia suma un nuevo capítulo a las tensiones políticas entre Washington y Brasilia. Mientras la administración Trump intenta despegarse de cualquier participación en la salida del dirigente, la oposición demócrata busca determinar si hubo contactos oficiales que facilitaron su traslado.
La respuesta del Departamento de Estado será clave para establecer qué papel tuvieron las autoridades estadounidenses antes y después de la llegada de Bolsonaro a Miami.
