La Comisión Internacional Independiente de la ONU presentó un duro informe que señala a Israel como responsable de un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. La investigación, liderada por Navi Pillay, expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, acusa al gobierno israelí de desplegar una estrategia sistemática destinada a destruir a la población palestina del territorio.
El documento sostiene que desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, tras el ataque de Hamas, se han cometido graves crímenes bajo la mirada mundial, con evidencias que cumplen los criterios de genocidio según la Convención de 1948. La acusación involucra directamente a figuras claves del Estado israelí, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, quienes habrían impulsado una campaña con consecuencias devastadoras para Gaza.
El informe detalla que Israel habría llevado adelante cuatro de los cinco actos genocidas contemplados por la ley internacional: asesinatos de miembros del grupo palestino, causar daños físicos y mentales severos, someter a la población a condiciones de vida que podrían conducir a su destrucción parcial o total y medidas para impedir nacimientos dentro del grupo afectado. Estas acciones habrían provocado la muerte de casi 65.000 personas en Gaza, según datos del Ministerio de Salud local, cifras que si bien provienen de una fuente controlada por Hamas, son reconocidas como confiables por la ONU.
Además, la ofensiva israelí ha forzado a miles de habitantes a desplazarse internamente en Gaza, generando una crisis humanitaria sin precedentes que incluye una declaración formal de hambruna por parte de la ONU. En contraparte, el ataque inicial de Hamas dejó más de 1.200 muertos en territorio israelí y más de 250 personas tomadas como rehenes, situación que mantiene en vilo a toda la región.
Desde Tel Aviv, el gobierno israelí rechazó con firmeza el informe, calificándolo de “sesgado y falso”, y pidió la disolución de la comisión investigadora. Argumentaron que el documento se basa en “falsedades de Hamas” y desestimaron las acusaciones, en un claro intento de desacreditar la investigación internacional.
Aunque la Comisión de la ONU no tiene autoridad judicial, su informe puede presionar a la comunidad global y sentar bases para futuras denuncias en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), con la que mantiene un acuerdo de cooperación y un vasto intercambio de información sobre el conflicto.
La presidenta de la comisión, Navi Pillay, advirtió que “la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante esta campaña genocida”. Enfatizó que la inacción ante pruebas claras de genocidio implica una complicidad que no puede tolerarse.
Si bien la ONU aún no declaró formalmente que lo que sucede en Gaza sea un genocidio, varios líderes mundiales de peso ya usaron ese término, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Recep Tayyip Erdogan. En mayo pasado, el jefe de operaciones humanitarias de la ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para evitar un genocidio irreversible.
Esta crisis internacional genera preocupación y debates sobre la responsabilidad global, los derechos humanos y la necesidad de un compromiso firme para proteger a civiles en zonas de conflicto. En una provincia marcada por su rica historia de reclamos sociales y defensa de la justicia, el llamado de la ONU resuena como un pedido de atención urgente para un pueblo que sufre un sufrimiento tan profundo como silencioso.
El conflicto en Gaza no es sólo una cuestión de política internacional; impacta en la conciencia colectiva de América Latina, que observa con creciente inquietud cómo el derecho internacional se pone a prueba ante violaciones graves y sistemáticas. En este contexto, Salta no es ajena a la reflexión sobre la paz, la justicia y el papel que cada país debe jugar para evitar tragedias humanitarias como la que se vive en Medio Oriente.
