La crisis política en Venezuela sumó este fin de semana un capítulo decisivo con una resolución judicial que reconfigura el escenario de poder. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina del país tras la captura de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por una fuerte escalada internacional y una situación interna de extrema tensión.
La decisión apunta, según el fallo, a asegurar la continuidad administrativa del Estado venezolano y preservar el funcionamiento de las instituciones frente a lo que el tribunal consideró una “agresión militar extranjera”. En ese marco, la Justicia interpretó la ausencia del jefe de Estado como una falta temporal y habilitó a la vicepresidenta a ejercer de manera provisoria todas las atribuciones inherentes al cargo presidencial.
El traslado de Maduro a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, aceleró los tiempos políticos y judiciales. La captura se produjo durante una ofensiva de fuerzas estadounidenses que incluyó ataques sobre Caracas y otras regiones del país, un hecho sin precedentes que profundizó la incertidumbre en la región y encendió alarmas en América Latina.
Con la resolución judicial, Delcy Rodríguez queda habilitada para conducir el Poder Ejecutivo por un plazo inicial de hasta 90 días. Ese período, según lo establece la normativa vigente, puede ser prorrogado por otros tres meses si así lo decide el Parlamento. El fallo deja abierta además la posibilidad de un escenario distinto: si la Justicia declara una falta absoluta del presidente, el país debería avanzar obligatoriamente hacia una convocatoria a elecciones presidenciales dentro de los 30 días siguientes.
Por el momento, el Tribunal Supremo evitó pronunciarse sobre una destitución definitiva. Esa definición, clave para el futuro político venezolano, permanece en suspenso y dependerá tanto de la evolución del proceso judicial de Maduro en el exterior como de las decisiones que adopten los poderes internos del Estado.
La nueva Asamblea Nacional, electa en mayo pasado, se prepara para asumir funciones en un contexto cargado de tensión. Su rol será determinante no solo para validar o extender el mandato interino, sino también para fijar el rumbo institucional ante una eventual transición. En un país atravesado por años de crisis económica, social y migratoria, cada movimiento político tiene impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.
Desde Argentina, y particularmente desde Salta, el seguimiento de la situación venezolana no es ajeno. La provincia forma parte de una región donde la política internacional se vive con atención, sobre todo por los lazos históricos, migratorios y económicos que unen a los países sudamericanos. En los últimos años, miles de ciudadanos venezolanos se radicaron en distintas ciudades argentinas, incluidas localidades salteñas, en busca de estabilidad y oportunidades laborales.
El escenario abierto con la asunción interina de Rodríguez genera interrogantes dentro y fuera de Venezuela. Por un lado, plantea cómo se reorganizará el poder interno y qué margen real tendrá la presidenta encargada para gobernar en un contexto de presión internacional. Por otro, reactiva el debate sobre la legitimidad institucional y la posibilidad de una salida electoral en el corto plazo.
La resolución judicial sostiene que la medida busca preservar la defensa integral de la nación y evitar un vacío de poder. Sin embargo, el clima político sigue siendo frágil. La captura de un presidente en ejercicio y su traslado a otro país es un hecho excepcional que tensiona el derecho internacional y reaviva discusiones sobre soberanía, legalidad y precedentes en la región.
En las calles venezolanas, la noticia impactó de lleno en una población acostumbrada a convivir con la incertidumbre. Comercios, transporte y servicios públicos funcionan con dificultades, mientras crece la expectativa por las definiciones que puedan llegar desde el Parlamento y la Justicia. La figura de Delcy Rodríguez, de fuerte peso dentro del oficialismo, aparece ahora en el centro de la escena, con el desafío de sostener el funcionamiento del Estado y, al mismo tiempo, administrar un escenario político altamente polarizado.
Para América del Sur, y para Argentina en particular, la evolución de la crisis venezolana es observada con cautela. El impacto regional de cualquier cambio institucional en Caracas es innegable, tanto en términos diplomáticos como económicos y migratorios. En Salta, una provincia históricamente atenta a los movimientos políticos de la región, el tema se instala también en la agenda pública y en el debate cotidiano.
Mientras tanto, la definición de si la ausencia de Maduro será considerada temporal o absoluta marcará el rumbo inmediato del país. Si se avanza hacia elecciones anticipadas, Venezuela ingresará en una etapa de transición acelerada. Si, en cambio, se sostiene el esquema interino por el máximo plazo previsto, el escenario podría extender la incertidumbre durante varios meses más.
En un contexto atravesado por tensiones internas y externas, la resolución judicial no cierra la crisis, pero sí establece un nuevo punto de partida. La asunción interina de Delcy Rodríguez redefine el mapa político venezolano y abre una etapa clave cuyo desenlace tendrá repercusiones que exceden las fronteras del país y se proyectan sobre toda la región.
