A más de seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los condenados volvió a poner el caso en el centro de la escena judicial. Desde la cárcel, Lucas Pertossi aseguró que no participó de la golpiza que terminó con la vida del joven y pidió que se revise su condena, al considerar que fue perjudicado por la estrategia de defensa adoptada durante el juicio.
El planteo no es menor: su defensa solicitó la nulidad de la sentencia y la posibilidad de realizar un nuevo proceso judicial. El argumento central es que no se analizaron de manera individual las conductas de cada uno de los imputados, lo que —según sostienen— afectó su derecho a una defensa adecuada.
Pertossi fue condenado a 15 años de prisión, la misma pena que recibieron otros dos imputados, mientras que el resto del grupo fue sentenciado a prisión perpetua. La causa, que conmocionó al país desde el verano de 2020, sigue generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.
En sus declaraciones, el joven insistió en que nunca golpeó a la víctima. Según su versión, su rol durante el episodio fue distinto al que se estableció en la sentencia. También reconoció que estuvo presente en el lugar de los hechos, pero negó haber tenido una participación directa en la agresión.
El eje de su reclamo apunta a la defensa conjunta que llevaron adelante los ocho acusados durante el juicio. Esa estrategia, basada en una postura común, evitó diferenciar los grados de responsabilidad individual. Para Pertossi, esa decisión terminó siendo perjudicial, ya que —según afirma— no permitió que se evaluara su situación particular.
En ese sentido, planteó que no todos los involucrados actuaron de la misma manera ni tuvieron el mismo nivel de intervención. La crítica se centra en que el proceso no reflejó esas diferencias y derivó en condenas que, a su entender, no contemplaron adecuadamente las pruebas específicas en su contra.
El pedido de revisión fue presentado ante instancias superiores, donde se analizará si corresponde avanzar con la nulidad del fallo. La discusión gira en torno a si hubo o no una vulneración de garantías procesales durante el juicio oral.
Otro de los puntos que remarcó el condenado es la inexistencia de un plan previo para cometer el crimen. Según su testimonio, lo ocurrido fue una pelea que escaló de manera inesperada y terminó en una tragedia. Esa interpretación difiere de la que sostuvo la acusación durante el juicio, donde se planteó la existencia de un accionar coordinado.
El caso Báez Sosa se convirtió en uno de los hechos más impactantes de los últimos años en Argentina. La brutalidad del ataque, la cantidad de involucrados y la difusión de imágenes del hecho generaron una fuerte reacción social y un amplio seguimiento mediático.
La condena dictada en 2023 fue considerada ejemplar por amplios sectores, aunque desde entonces las defensas de algunos de los imputados impulsaron distintas instancias de revisión. En ese marco, el planteo de Pertossi se suma a una serie de movimientos judiciales que buscan modificar las sentencias.
Desde el entorno judicial, el pedido de nulidad abre un escenario complejo. No es habitual que se revoque un fallo de estas características, pero la instancia de revisión contempla analizar posibles irregularidades en el proceso. En particular, se evaluará si la defensa técnica fue adecuada y si se respetaron los principios de individualización de la pena.
El planteo también vuelve a poner en discusión el uso de estrategias defensivas conjuntas en causas con múltiples imputados. Si bien pueden ser efectivas en algunos casos, también pueden generar tensiones cuando los intereses de los acusados no son idénticos.
En paralelo, el caso sigue siendo un punto de referencia en el debate sobre violencia grupal, responsabilidad penal y funcionamiento del sistema judicial. La repercusión social se mantiene, incluso varios años después del hecho.
Mientras tanto, la resolución del pedido de Pertossi dependerá de lo que determinen los tribunales superiores. Si se acepta la nulidad, podría abrirse la puerta a un nuevo juicio, lo que implicaría volver a analizar pruebas, testimonios y responsabilidades.
Por ahora, la condena sigue vigente, pero el planteo introduce un nuevo capítulo en una causa que aún no termina de cerrarse en términos judiciales ni sociales.
