El 9 de septiembre de 2023, Julio Segundo Rigau fue detenido mientras retiraba dinero de un cajero del Banco Provincia, en La Plata. Tenía en su poder decenas de tarjetas de débito pertenecientes a personas que figuraban como empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.
Ese episodio dio origen a una investigación que terminó poniendo bajo la lupa un presunto esquema de contrataciones y extracción de fondos públicos. Según la acusación, Rigau utilizó 40 tarjetas aquel día y retiró $1.260.000, a razón de $30.000 por cuenta.
La investigación avanzó sobre los titulares de esas tarjetas y sobre quienes habrían intervenido en sus contrataciones. La hipótesis fiscal sostiene que varias de esas personas figuraban como trabajadores legislativos, aunque no cumplían tareas y entregaban sus tarjetas para que terceros retiraran sus salarios.
Con el avance del expediente, la Justicia identificó a decenas de imputados y puso el foco en una pregunta central: quiénes decidían las incorporaciones a la estructura de la Legislatura.
Para intentar reconstruir esa cadena, el juez Guillermo Atencio ordenó a la Cámara de Diputados bonaerense entregar 50 documentos administrativos conocidos como “memos normalizados de propuestas de designación y/o contratación”. Allí podría quedar registrado quién propuso el ingreso de cada persona investigada.
El dato resulta clave para la causa porque permitiría avanzar más allá de quienes retiraban el dinero y determinar quiénes estaban detrás de las designaciones.
El expediente también amplió considerablemente el período bajo investigación. Inicialmente, el análisis se concentraba en contrataciones realizadas entre 2012 y 2023, con una estimación de perjuicio cercana a los $800 millones. Luego, la pesquisa se extendió hasta 2002 y el cálculo provisorio llegó a rondar los $4.000 millones. La cifra todavía debe ser determinada mediante pericias contables.
Entre los principales acusados aparecen Claudio Albini, Facundo Albini y Rigau, señalados por la fiscalía como parte de la estructura superior de la presunta organización. Los dos primeros tuvieron además una participación política y administrativa vinculada a la Legislatura bonaerense.
La investigación derivó también en otra causa relacionada con posibles contrataciones irregulares en la Municipalidad de La Plata y en una pesquisa independiente sobre movimientos similares con tarjetas de trabajadores del Senado bonaerense.
Actualmente, el expediente principal se encuentra radicado en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata. La causa fue elevada a juicio oral, aunque todavía existen alternativas para algunos acusados, entre ellas acuerdos y juicios abreviados.
La fiscalía planteó penas de entre cuatro y seis años de prisión para Rigau y los Albini por asociación ilícita, mientras que para otros imputados propuso penas de ejecución condicional por estafas reiteradas.
La defensa de Rigau, por su parte, pidió una pericia para establecer con precisión el perjuicio económico y planteó la posibilidad de reparar el daño mediante la devolución del dinero, con los intereses correspondientes. Esa alternativa podría abrir la puerta a una salida distinta al juicio para algunos de los involucrados.
A tres años del episodio que dio origen al caso, la investigación ya no se limita a las extracciones realizadas desde los cajeros. El objetivo principal es reconstruir cómo funcionaba el mecanismo, quiénes participaban de las contrataciones y hasta dónde llegó el uso de fondos públicos.
Los 50 memos reclamados por la Justicia pueden convertirse en una pieza determinante para responder esas preguntas. Mientras tanto, la causa avanza hacia una definición que deberá establecer no solo qué ocurrió con el dinero, sino también quiénes tuvieron responsabilidad en el esquema investigado.
