El director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez, fue allanado en el marco de una causa judicial que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados a la provisión de alimentos en mal estado para personas privadas de la libertad. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Federico Villena y se llevó adelante en oficinas del organismo penitenciario, como parte de una investigación que apunta a desentrañar una red de contrataciones irregulares dentro del sistema carcelario argentino.
La causa se originó a partir de denuncias reiteradas sobre la baja calidad de la comida suministrada en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Según consta en el expediente, los alimentos entregados a los internos presentaban condiciones sanitarias deficientes, lo que encendió alertas sobre posibles incumplimientos graves en los contratos de provisión. Análisis posteriores confirmaron la presencia de bacterias peligrosas para la salud humana, entre ellas Escherichia coli, en niveles incompatibles con el consumo seguro.
En ese contexto, la investigación judicial puso el foco en el funcionamiento del sistema de contratación del servicio de alimentación, donde se sospecha que operaba una cartelización encubierta. De acuerdo con la hipótesis del magistrado, empresas proveedoras habrían utilizado firmas pantalla para continuar prestando el servicio pese a sanciones previas, eludiendo controles y sosteniendo un esquema que priorizaba el negocio por sobre las condiciones mínimas de salubridad.
Durante el allanamiento, uno de los episodios que más llamó la atención de los investigadores fue la actitud del propio Martínez, quien habría intentado evitar el secuestro de su teléfono celular. En lugar de entregar el dispositivo de uso habitual, presentó un equipo antiguo y alegó haber extraviado el otro. Sin embargo, un informe técnico incorporado a la causa indicó que la última señal del teléfono “perdido” fue registrada apenas una hora antes del operativo, en una antena ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, lo que reforzó la sospecha de una posible destrucción del aparato para impedir el acceso a información relevante.
El expediente también detalla cómo, tras la prohibición judicial para que una de las empresas continúe prestando el servicio de alimentación, otra firma asumió formalmente la provisión. No obstante, se detectó que esta nueva prestadora utilizaba los mismos camiones, el mismo personal y mantenía vínculos económicos directos con la empresa sancionada, a la que facturaba cifras millonarias. Para la Justicia, se trataría de una maniobra destinada a sostener el negocio bajo otra razón social, sin modificar las prácticas cuestionadas.
La gravedad de la situación quedó expuesta incluso de manera directa durante una inspección judicial. El propio juez Villena probó la comida que se servía en el penal y sufrió una descompensación inmediata, un episodio que fue incorporado al expediente como prueba del estado en que se encontraban los alimentos destinados a los detenidos. Ese hecho reforzó la preocupación por el impacto concreto que estas irregularidades tienen sobre la salud y la dignidad de las personas alojadas en cárceles federales.
Martínez había asumido la conducción del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, tras ser designado en un contexto de reestructuración del área. Meses antes, el SPF había pasado de depender del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, un cambio administrativo que implicó una nueva etapa en la gestión del sistema penitenciario, con promesas de mayor control y transparencia.
Sin embargo, la investigación también puso bajo la lupa otros aspectos de la conducta del funcionario. Uno de los datos que generó interrogantes fue el uso de una camioneta que había sido secuestrada en una causa judicial y que figuraba a nombre de un conocido referente de la feria La Salada, actualmente prófugo. Ese vínculo, aún bajo análisis, sumó un nuevo elemento de sospecha en el entramado que investiga la Justicia federal.
En el avance de la causa hubo tensiones internas. La fiscal interviniente solicitó la nulidad del allanamiento, aunque el juez mantuvo la validez del procedimiento y avanzó con nuevas medidas de prueba. Desde el Ministerio de Seguridad se expresó la voluntad de colaborar con la investigación, con el objetivo de desarticular estructuras irregulares que, según se sostiene en el expediente, llevan años operando dentro del sistema penitenciario federal.
El caso expone una problemática estructural que atraviesa a las cárceles argentinas: la opacidad en la contratación de servicios básicos y la falta de controles eficaces sobre empresas que manejan presupuestos millonarios. La provisión de alimentos, lejos de ser un aspecto menor, impacta de manera directa en los derechos humanos de los detenidos y en la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones mínimas de detención.
Mientras la investigación avanza, el foco está puesto en determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados y en reconstruir el circuito económico detrás de las contrataciones cuestionadas. La causa promete seguir sumando capítulos y podría derivar en nuevas imputaciones, en un escenario donde la corrupción y la desidia vuelven a quedar bajo la lupa judicial.
