La Justicia federal realizó un allanamiento en propiedades vinculadas a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. El operativo se centró en dos unidades del barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, registradas a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyo titular son Luciano Pantano y Ana Conde, a quienes se les prohibió salir del país por decisión del juez Daniel Rafecas.
La medida se adoptó tras un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que evidenció un crecimiento patrimonial difícil de justificar y la adquisición de bienes de lujo. Según los registros, Real Central SRL pasó de declarar activos por $347.000 en 2021 a $4.259 millones en 2024. Las ventas acompañaron la expansión: de cero ingresos en 2021 a $1.322 millones en 2024. En paralelo, la firma pasó de un déficit de –$15.000 a una ganancia de $88 millones en el mismo período.
El patrimonio personal de Pantano también llamó la atención: registró acreditaciones bancarias por $33 millones en 2024 y $24 millones en 2025, además de vehículos de alta gama como un Porsche 911 Carrera S Coupé, una Mercedes-Benz GLC 300 Coupé y un Citroën C3. La Coalición Cívica había señalado que Pantano sería el verdadero titular de una flota de autos de lujo en una quinta de Villa Rosa.
Las propiedades allanadas incluyen una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y otra casa de alto valor en Pilar, registradas a nombre de Real Central SRL, aunque la denuncia sostiene que podrían ser patrimonio oculto de Tapia y Toviggino. En el pasado, las expensas figuraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a María Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de la AFA, y Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la entidad.
La investigación busca determinar si Real Central SRL funcionó como pantalla para ocultar bienes y operaciones vinculadas a la conducción de la AFA. Los allanamientos continúan y los investigadores analizan movimientos bancarios, propiedades y vehículos de lujo, mientras la causa podría ampliarse a otros involucrados.
El caso genera un nuevo debate sobre la transparencia en la gestión del fútbol argentino, cuestionada históricamente por la falta de controles internos y externos. La Justicia busca esclarecer el origen del patrimonio y evaluar si se utilizaron testaferros y sociedades interpuestas para ocultar activos de dirigentes.
