La Justicia federal ordenó más de 20 allanamientos en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, en el marco de una investigación por presunto narcotráfico y lavado de activos. Los procedimientos se llevaron adelante en Santa Cruz y Buenos Aires, e incluyeron también la celda donde permanece detenido.
Durante los operativos se secuestraron estupefacientes, documentación, vehículos y otros elementos que podrían resultar importantes para el avance de la causa. Además, se dispusieron embargos y medidas cautelares sobre bienes de los investigados, junto con el levantamiento del secreto bancario y fiscal.
La resolución fue firmada por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, tras un pedido de los fiscales que intervienen en dos investigaciones relacionadas entre sí.
La causa alcanza a Báez, quien cumple una condena de diez años de prisión por lavado de activos agravado en el expediente conocido como "Ruta del Dinero K" y por administración fraudulenta en la causa Vialidad. También están bajo investigación su pareja, Claudia Insaurralde, quien tendría a su cargo la administración de sus bienes, un chofer y otras personas de su entorno.
Uno de los expedientes busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al traslado y distribución de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa de logística. Según la hipótesis de los investigadores, la actividad se habría desarrollado al menos desde diciembre de 2025.
La investigación apunta a dos hombres que estarían vinculados con la distribución de la droga. Uno de ellos administraría un lavadero que, de acuerdo con las sospechas, habría sido utilizado como lugar de entrega de los estupefacientes.
A partir de las tareas investigativas surgió una segunda línea que puso bajo la lupa el patrimonio de Báez y sus posibles conexiones con la estructura narcocriminal. Los investigadores sospechan que el empresario habría intervenido en la administración, explotación y circulación de bienes presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
La hipótesis judicial sostiene que esos activos podrían haber sido apartados de los mecanismos de ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario, por lo que se busca establecer si existieron maniobras destinadas a ocultar o mover ese patrimonio.
Otro punto que analiza la Justicia es la posible conexión entre ambas estructuras. Los investigadores sospechan que uno de los presuntos integrantes de la organización vinculada a Báez sería también quien lideraría la banda investigada por el tráfico de cocaína en Santa Cruz.
Los procedimientos se concentraron principalmente en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias de la provincia y propiedades ubicadas en Buenos Aires. En el despliegue participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía provincial, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y de los movimientos patrimoniales de las personas involucradas, mientras la Justicia busca determinar el alcance de las presuntas conexiones entre el narcotráfico y el lavado de activos.
