Argentina dio un paso inédito en el ámbito de la criminalística al aprobar el primer protocolo oficial que permite identificar personas a partir de sus rastros de olor. La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece un marco técnico y normativo para utilizar el olor humano como evidencia válida dentro de investigaciones judiciales, sumándose a métodos ya consolidados como el ADN o las huellas dactilares.
La resolución introduce una guía detallada que regula cómo deben tomarse, almacenarse y comparar las muestras odoríficas. Esto significa que, por primera vez, las fuerzas de seguridad contarán con un procedimiento uniforme y científicamente respaldado para trabajar con compuestos químicos desprendidos por el cuerpo humano, partículas que —al igual que otros rasgos biométricos— poseen características únicas en cada individuo.
La iniciativa surge de la necesidad de fortalecer las capacidades periciales y de dotar a los sistemas de seguridad y justicia de herramientas más precisas. Al estandarizar el proceso, el protocolo evita que las muestras pierdan valor probatorio por fallas en la recolección o en la cadena de custodia, un desafío frecuente cuando se trata de técnicas poco exploradas o sin regulación específica.
El documento define materiales aptos, condiciones de conservación, métodos de comparación y criterios de validez. Asimismo, exige que el personal involucrado reciba capacitación para manejar las muestras de manera correcta y reducir el margen de error. Con estos lineamientos, se busca que la técnica odorológica tenga el mismo nivel de confiabilidad en cualquier jurisdicción del país, sin importar las diferencias entre laboratorios, equipamientos o prácticas internas.
Si bien el uso de olores en investigaciones no es completamente nuevo —en muchos lugares se aplica con el apoyo de perros adiestrados—, lo innovador en este caso es la oficialización de un protocolo técnico basado en estándares científicos. Hasta ahora, cualquier análisis de este tipo dependía de criterios particulares de cada fuerza o equipo profesional, lo que dificultaba su presentación en un expediente judicial.
La capacidad de diferenciar personas mediante su olor se explica por la composición química del sudor, la piel y otros rastros mínimamente perceptibles. Estas partículas pueden permanecer en objetos, prendas o espacios cerrados, incluso cuando otras evidencias han sido alteradas o no están disponibles. En hechos donde el contacto es breve o donde la escena presenta limitaciones, este tipo de rastro podría aportar información clave para orientar una investigación.
La resolución también invita a todas las provincias a adherir a la normativa, con el objetivo de lograr una cobertura nacional. Esto implica que, si las jurisdicciones deciden sumarse, deberán actualizar sus procedimientos internos, capacitar a las unidades periciales y adecuar laboratorios a los estándares exigidos. Con el tiempo, podría consolidarse una red federal de trabajo odorológico que permita comparar muestras entre distintos territorios y agilizar consultas en causas complejas.
El impacto de esta medida no será inmediato. El país deberá atravesar una etapa de transición en la que las fuerzas de seguridad incorporen el equipamiento adecuado, prueben la técnica en casos reales y conformen equipos especializados. Los peritos forenses necesitarán entrenarse en la identificación y manipulación de compuestos odoríficos, una tarea que demandará coordinación entre áreas científicas, judiciales y operativas.
Sin embargo, la aprobación del protocolo marca un hito importante. Señala la intención de integrar tecnologías sensoriales avanzadas al sistema judicial, acompañando una tendencia global que busca ampliar las herramientas de identificación humana. En un contexto donde la resolución de delitos enfrenta nuevos desafíos —desde la complejidad de las escenas hasta la necesidad de mayor precisión—, contar con métodos adicionales puede fortalecer los procesos y mejorar la capacidad investigativa.
El olor humano, hasta ahora relegado a técnicas auxiliares y sin plena validez normativa, se posiciona así como un recurso forense complementario y con respaldo científico. Con la implementación adecuada, podría convertirse en un elemento clave para reconstruir hechos, vincular personas con objetos o lugares y aportar evidencias en causas donde otros métodos no logran resultados concluyentes.
La decisión abre una etapa de modernización para la criminalística argentina. Aunque todavía queda un camino por recorrer en términos de infraestructura, capacitación y práctica profesional, el país se encamina a integrar una herramienta novedosa que promete ampliar las posibilidades de la investigación judicial y reforzar la búsqueda de pruebas confiables y verificables en todo el territorio nacional.
