El gobierno argentino elevó un fuerte reclamo ante la Corte Penal Internacional (CPI) al pedir que se aceleren las investigaciones sobre la situación en Venezuela y que se ejecuten las órdenes de detención contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La administración de Javier Milei considera que el deterioro institucional en ese país llegó a un punto crítico y que las denuncias por violaciones a los derechos humanos requieren una respuesta inmediata del organismo internacional.
La presentación fue realizada por la representación argentina en Países Bajos, donde el encargado de negocios, Diego Emilio Sadofschi, expuso la postura oficial. El funcionario sostuvo que la crisis venezolana se profundizó tras las elecciones de julio de 2024, cuestionadas por su falta de transparencia, y afirmó que las prácticas represivas del régimen continúan generando preocupación en la comunidad internacional. Según detalló, persisten denuncias de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otras conductas que podrían encuadrar como crímenes de lesa humanidad.
Argentina remarcó ante la CPI que, pese a los informes preliminares elaborados por la fiscalía del organismo desde 2021, los avances han sido escasos y el cuadro de situación se habría agravado con el correr del tiempo. En este contexto, el gobierno solicitó que la corte actúe con mayor celeridad, tanto en la investigación como en el dictado y la ejecución de medidas concretas contra los responsables señalados.
La administración Milei justificó su posición señalando que el compromiso con la justicia penal internacional forma parte central de su política exterior, y subrayó que la gravedad de la situación venezolana exige definiciones claras. El Ejecutivo también destacó que decidió no bloquear consensos dentro de la Asamblea de la CPI, incluso en temas administrativos, como muestra del respaldo argentino al funcionamiento del organismo.
La postura de Buenos Aires se da en un escenario regional atravesado por tensiones políticas, con Estados Unidos presionando nuevamente sobre el gobierno de Maduro y con posturas divergentes dentro de América Latina. No obstante, la Casa Rosada considera que un pronunciamiento firme es necesario para evitar que las violaciones a los derechos humanos queden sin respuesta.
La presentación argentina ante la CPI busca, en definitiva, impulsar un avance decisivo en el proceso abierto contra Maduro y Cabello. El gobierno confía en que el organismo internacional dé pasos concretos en los próximos meses, y mantiene la expectativa de que su reclamo contribuya a marcar un precedente relevante en la defensa de los derechos humanos en la región.
Mientras tanto, el debate sobre la situación en Venezuela vuelve a instalarse en la agenda política argentina, con posiciones encontradas pero con una preocupación compartida: el impacto que puede tener este conflicto en el tablero latinoamericano y en la relación entre los países de la región.
