ATE confirmó un paro nacional con movilización al Congreso de la Nación para el próximo 9 de diciembre, una jornada que promete marcar un punto de inflexión en el clima político y sindical del país. La decisión surgió tras una serie de plenarios donde el gremio evaluó el impacto del proyecto de reforma laboral que el Gobierno pretende enviar al Parlamento durante las sesiones extraordinarias. Para la conducción sindical, se trata de un paquete que modifica de raíz las reglas del trabajo en la Argentina y que podría significar una pérdida sustancial de derechos.
La tensión creció en los últimos días con la difusión de los principales ejes del borrador oficial: la posibilidad de fraccionar vacaciones, la creación de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, la ampliación de causales de despido y la implementación del banco de horas como esquema habitual. Para los estatales, estas medidas representan un giro en la relación laboral que podría afectar a empleados públicos y privados, abriendo la puerta a un escenario de flexibilización generalizada.
En ese contexto, ATE definió que el paro nacional sea acompañado de una movilización directa al Congreso. La idea es presionar mientras se discute el proyecto y mostrar el nivel de rechazo que genera en amplios sectores de la sociedad. El gremio remarca que la calle volverá a ser un actor clave en la definición del rumbo laboral del país, más allá de las negociaciones parlamentarias. La fecha elegida no es casual: el 9 de diciembre se ubica en la antesala del debate legislativo, cuando el Gobierno aspira a obtener al menos un dictamen antes del cierre del año.
La conducción nacional de ATE calificó la reforma como un “retroceso histórico”, al señalar que pone en riesgo conquistas laborales construidas durante décadas. Para el sindicato, el fondo de cese laboral es uno de los puntos más sensibles, ya que trasladaría a los trabajadores la carga de los costos asociados a un despido. También genera preocupación la posibilidad de fraccionar vacaciones, una medida que, según el gremio, fragmenta tiempos de descanso y deteriora las condiciones del empleo formal.
En oficinas públicas, hospitales, delegaciones nacionales y empresas estatales se multiplicaron en los últimos días las asambleas informativas. Los trabajadores analizan cómo podría impactar la reforma en su actividad cotidiana, especialmente en áreas donde las plantillas ya trabajan con altos niveles de demanda. En muchos casos, el temor latente es que la ampliación de causales de despido y la implementación del banco de horas abran la puerta a jornadas más extensas sin compensación proporcional.
El paro nacional también tiene un fuerte componente político. Para ATE, la discusión de la reforma debe darse de cara a la sociedad y con participación activa de los trabajadores, no sólo en términos institucionales sino también en la calle. La movilización será, según la conducción sindical, el primer gesto de resistencia frente a un paquete legislativo que consideran parte de un ajuste más amplio. La expectativa es reunir una presencia masiva que marque la cancha de cara a las sesiones extraordinarias.
Más allá de la convocatoria puntual del 9 de diciembre, el clima sindical anticipa semanas de fuerte conflictividad. Distintas organizaciones gremiales comenzaron a evaluar medidas en conjunto, ante el temor de que la reforma laboral se trate a paso acelerado. Para ATE, la clave será sostener la unidad y mantener el debate público sobre los alcances reales del proyecto, que para muchos sectores redefine la estructura del empleo formal en la Argentina.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma busca “modernizar” el mercado laboral y generar condiciones más favorables para la creación de empleo, aunque desde el sindicalismo insisten en que estos cambios implican una transferencia de cargas hacia los trabajadores. En ese cruce de narrativas, el paro nacional se perfila como un termómetro del humor social y del respaldo que el gremio puede lograr en un momento de tensión creciente.
De cara al 9 de diciembre, ATE continúa ajustando la logística de la movilización y reforzando la convocatoria. El objetivo es claro: llegar al Congreso con una demostración de fuerza que ponga límites al avance de la reforma laboral y que obligue a los legisladores a escuchar el reclamo de miles de trabajadores antes de cualquier votación.
