La Cámara de Diputados dio un paso decisivo en el tratamiento del Presupuesto 2026. La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto. El avance del oficialismo, sin embargo, abrió un fuerte frente de conflicto político debido a los cambios incorporados en el texto, que incluyen la derogación de leyes vinculadas al financiamiento de la educación y la atención a personas con discapacidad.
La reunión de comisión estuvo atravesada por cruces constantes y cuestionamientos al rumbo elegido por el Gobierno nacional. Desde el oficialismo se defendió el proyecto como una herramienta necesaria para ordenar las cuentas públicas y sostener el equilibrio fiscal. Del otro lado, bloques opositores denunciaron que el Presupuesto 2026 consolida un ajuste que impacta de manera directa sobre sectores sensibles y reduce el rol del Estado en áreas clave.
El punto más controvertido del texto aparece en el artículo 75, que propone dejar sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Presupuestos Universitarios, ambas aprobadas recientemente por el Congreso. Para la oposición, se trata de una señal política clara: el Ejecutivo busca desarmar los mecanismos legales que garantizan partidas específicas para políticas sociales y educativas.
Durante el debate, legisladores opositores advirtieron que el proyecto elimina también el piso de inversión educativa y desfinancia la educación técnica, un sector estratégico para la formación laboral. Además, cuestionaron que el Gobierno haya optado en años anteriores por administrar sin una ley de Presupuesto aprobada y ahora presente un texto que concentra decisiones de gasto con alto margen de discrecionalidad.
Otro eje que generó fuertes críticas fue la asignación de recursos a la Secretaría de Inteligencia. Mientras se argumenta falta de fondos para universidades, discapacidad y salud, el Presupuesto 2026 habilita una ampliación de partidas para ese organismo. Esa contradicción fue uno de los principales argumentos para la presentación de dictámenes alternativos por parte de distintos bloques.
En total, circularán al menos tres dictámenes: el de mayoría impulsado por La Libertad Avanza y aliados, y otros de minoría que expresan el rechazo opositor. A pesar de las diferencias, el oficialismo logró reunir 28 firmas gracias a acuerdos con bloques dialoguistas y fuerzas provinciales, asegurando así el pase del proyecto a la próxima instancia parlamentaria.
Junto con el Presupuesto 2026, también obtuvo dictamen la ley de Compromiso Fiscal, una iniciativa que complementa la estrategia del Gobierno para ordenar ingresos y gastos de cara al próximo año. Ambos proyectos forman parte del núcleo del programa económico que el Ejecutivo busca consolidar en el Congreso.
Con el dictamen ya firmado, el escenario se traslada ahora al recinto, donde se espera un debate intenso y una sesión cargada de tensión política. La discusión del Presupuesto 2026 promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda legislativa, con un impacto directo en el esquema de financiamiento estatal y en las políticas públicas para el año próximo.
