El Gobierno siguió con cautela la repercusión de los avances de la investigación de Estados Unidos sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de versiones cruzadas dentro del propio oficialismo sobre el alcance de las medidas y sobre cómo debe seguir el vínculo con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.
En un sector del Ejecutivo sostuvieron que semanas atrás ya habían sido notificados sobre “movimientos” del FBI vinculados al titular de la AFA y que, después de las versiones sobre un operativo en el aeropuerto de Nueva York, les confirmaron lo sucedido. En otros despachos oficiales dieron una versión opuesta: aseguraron que era falso que les hubieran incautado teléfonos y dispositivos a dirigentes de la AFA y que Tapia no estaba citado.
La AFA salió luego a negar públicamente la información a través de un comunicado. La entidad sostuvo que el documento judicial del Distrito Sur de Florida “no constituye una citación” dirigida a Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino, y afirmó que también era falso que se les hubieran incautado celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
El texto mencionó explícitamente ese punto: aseguró que el documento “no dispone ninguna medida personal” respecto del presidente ni del tesorero, “no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.
Después de esa respuesta, en la Casa Rosada eligieron el silencio público sobre el supuesto operativo de agentes del FBI en el aeropuerto JFK y la demora a Tapia que había trascendido en las últimas horas. En Balcarce 50 evitaron hacer una lectura oficial y dejaron que la discusión se moviera entre la investigación judicial estadounidense, las publicaciones periodísticas y la defensa pública de la AFA.
El expediente en Estados Unidos analiza movimientos financieros vinculados con la operatoria internacional de la AFA y la empresa TourProdEnter, ligada al empresario Javier Faroni. La investigación pone el foco en contratos comerciales, patrocinadores, derechos de televisión, amistosos, fondos canalizados por bancos estadounidenses y el destino final de recursos vinculados con la Selección.
Hasta ahora, según la información disponible, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas. El punto judicial más concreto conocido es una citación a un tercero ante un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida para que aporte documentación y comunicaciones vinculadas con TourProdEnter y con distintas personas relacionadas con la AFA.
En el Gobierno siguen el caso con atención porque la AFA ya forma parte de la agenda judicial y política del oficialismo. ARCA amplió en mayo una denuncia penal contra la entidad por presunta evasión tributaria, facturación apócrifa y maniobras para ocultar destinatarios finales de fondos por más de $289 millones. Sin embargo, en Nación sostienen ahora que no prevén ampliar esa presentación en el corto plazo.
La definición marca un cambio de tono respecto de la ofensiva inicial del Ejecutivo contra la conducción del fútbol argentino. “Javier quería meterlo preso a Toviggino. Ahora parece que la idea es otra”, agregan en Nación sobre la nueva lectura interna del vínculo con la AFA.
La discusión también alcanza al proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Más allá de la intención inicial de algunos integrantes de la mesa política de avanzar contra el esquema tradicional de la AFA, en la Casa Rosada no creen que impulsen las SAD en el corto plazo. La prioridad, al menos por ahora, es evitar un frente de conflicto adicional antes de las elecciones de 2027.
En el Gobierno conviven dos miradas. Un sector cree que la investigación estadounidense puede debilitar políticamente a Tapia y abrir una oportunidad para retomar la agenda de reformas en el fútbol. Otro sector considera que el oficialismo no tiene margen para abrir una pelea directa con la AFA, especialmente después del Mundial y en la previa de una campaña nacional.
Esa cautela también se explica por el impacto social de la Selección. En el Ejecutivo entienden que cualquier choque con la AFA puede contaminar la relación con el plantel, con los hinchas y con el clima posterior al Mundial. Es por eso que la idea que gana lugar es sostener un vínculo sin mayores sobresaltos, aun en medio de las investigaciones judiciales.
La descoordinación quedó expuesta también en los festejos de la Selección. La Casa Rosada intentó organizar una recepción protocolar y hubo sectores del entorno presidencial que quisieron adjudicarse gestiones para acercar al equipo a Balcarce 50. Pero la coordinación con la AFA fue limitada y terminó marcada por idas y vueltas, versiones cruzadas y falta de una foto política fuerte para Milei.
En Nación reconocen que el vínculo con Tapia seguirá bajo observación. La investigación en Estados Unidos, la causa local por presunta evasión y las disputas por el manejo del fútbol mantienen a la AFA en un lugar sensible para la agenda de La Libertad Avanza. Pero, por ahora, no planean una escalada institucional inmediata.
En el entorno del jefe de Estado prevén separar los planos: mirar de cerca lo que ocurra en la Justicia estadounidense, sostener la denuncia de ARCA en la Argentina y evitar que la agenda política con la AFA se transforme en un conflicto abierto. La decisión responde a una lectura electoral: quieren ordenar sus prioridades antes de 2027 y no sumar una pelea con el fútbol si no tiene un beneficio claro.
