El Ministerio de Capital Humano encendió las alarmas e intimó de manera formal a la provincia de Formosa a dar explicaciones por un grave episodio ocurrido en el ámbito educativo. La medida del Gabinete nacional se activó a partir de la viralización de un video grabado en una institución pública, donde una delegada zonal bajó un mensaje con fuerte contenido político partidario frente a alumnos de nivel primario, condicionando la entrega de útiles e insumos al oficialismo provincial.
Ante este panorama, la cartera conducida por Sandra Pettovello remitió una notificación formal al Ministerio de Educación y Cultura formoseño para exigir el inicio inmediato de una investigación sumaria. Desde la Casa Rosada buscan clarificar las responsabilidades institucionales y conocer qué herramientas o sanciones se aplicarán contra las autoridades involucradas, al considerar que la utilización de las aulas para ensalzar figuras públicas vulnera la neutralidad del sistema de enseñanza y atenta contra la libertad de conciencia de los menores.
El foco del escándalo se ubica en la Escuela Educación Primaria Nº 59 "Leonor Mauriño", situada en la localidad rural de Gran Guardia. En ese lugar, la delegada zonal Gladys Esther González ofreció una charla a los alumnos donde relacionó de manera implícita el reparto de guardapolvos, zapatillas y útiles, como así también el sostenimiento del comedor escolar, con la gestión directa del gobernador de esa provincia. El hecho generó aún mayor repudio cuando la funcionaria recriminó a los docentes la falta de entusiasmo en las respuestas de los chicos, marcándolo como un aspecto a militar dentro de la institución.
El pronunciamiento del Ejecutivo central encontró un fuerte respaldo en la oposición política local, que ya interpuso acciones formales para esclarecer la situación. Representantes de la Unión Cívica Radical denunciaron públicamente el avance de este tipo de prácticas, al calificar la escena como una "bajada de línea" inadmisible que busca influir en el alumnado e intimidar al cuerpo docente en el ejercicio diario de su labor.
En ese marco, la dirigencia opositora confirmó que evalúa avanzar mediante la vía administrativa y el fuero penal, con el asesoramiento de equipos de letrados. El objetivo prioritario radica en determinar si el accionar de la funcionaria encuadra en algún delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad, además de solicitar los correspondientes sumarios para apartar a quienes hayan tolerado la maniobra en el establecimiento.
Esta controversia no constituye un hecho aislado dentro de la gestión educativa del territorio vecino, sino que reabrió discusiones de fondo sobre la calidad institucional en el norte del país. Diversos sectores vienen cuestionando la designación arbitraria de "coordinadores organizadores" en los colegios, un mecanismo que suele saltearse el orden de mérito docente y desplazar la figura de los supervisores pedagógicos para priorizar la militancia sobre el conocimiento técnico en la enseñanza pública.
