La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, y resolvió apartar al juez Julián Ercolini del caso. La medida busca asegurar la imparcialidad del proceso y deja en manos de un nuevo magistrado la posibilidad de avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal, integrado por Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, consideró que el vínculo personal entre Fernández y Ercolini generaba “temor de parcialidad”. Aunque se ordenó su reemplazo, los jueces mantuvieron la validez de todo lo actuado hasta ahora. El próximo paso será el sorteo del nuevo juez que quedará a cargo del expediente.
El fiscal Ramiro González ya dio por concluida la investigación, por lo que el caso está listo para pasar a juicio. Sin embargo, no se descarta que la defensa del expresidente presente nuevos recursos para intentar frenar la elevación.
Fernández fue acusado de ejercer violencia psicológica contra Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron insultos, hostigamiento y control sobre la vida personal de la ex primera dama, lo que habría afectado su salud emocional. También se le imputa haber intentado impedir que ella se presentara ante la Justicia.
Entre las pruebas reunidas por el fiscal figuran imágenes que muestran lesiones en el brazo y el ojo derecho de Yáñez, enviadas en su momento a una colaboradora de Presidencia. A partir de esas fotos se inició una investigación que incluyó testimonios de médicos, empleados de la Quinta de Olivos y familiares de la denunciante.
El exmandatario negó los hechos y denunció una “persecución política”, pero la Cámara entendió que existen elementos suficientes para sostener la acusación. Ahora, todo dependerá del nuevo juez, que deberá decidir si el caso llega finalmente a juicio oral.
De concretarse esa instancia, sería la primera vez que un expresidente argentino enfrente un proceso de este tipo por una denuncia de violencia de género. El caso mantiene alta repercusión en todo el país y vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la Justicia en causas que involucran a figuras políticas de alto perfil.
