En medio de un clima electoral cargado y con la economía aún tambaleando, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generaron una fuerte sacudida política y financiera en Argentina. La advertencia de que el apoyo norteamericano estaría condicionado a los resultados de las elecciones presidenciales de 2027 encendió alarmas en los mercados y motivó un inmediato operativo de contención desde el Gobierno nacional.
Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, fue el primero en salir a poner paños fríos. Desde su cuenta de X, aseguró que las palabras de Trump fueron malinterpretadas y que no se referían a las legislativas del 26 de octubre, sino a las presidenciales del 2027. En esa línea, Manuel Adorni, vocero presidencial, reforzó la idea de que el respaldo estadounidense responde a la “coincidencia ideológica” entre ambos mandatarios y que el riesgo para esa relación sólo aparecería si Argentina vuelve a “ideas del pasado”.
La polémica se desató luego de que, durante una reunión bilateral con funcionarios del Tesoro norteamericano, Trump manifestara que el apoyo financiero de EE.UU. dependería de quién gane en las próximas elecciones. La frase textual fue tajante: “Si pierde, no seremos generosos”. Aunque desde el oficialismo intentaron matizar el impacto de esa afirmación, los efectos no tardaron en sentirse: caída de bonos, suba del riesgo país y rumores en la city porteña.
En Salta, como en muchas provincias del norte argentino, la preocupación no pasa sólo por lo que pueda ocurrir en 2027, sino por cómo estas declaraciones afectan la coyuntura actual. En una región históricamente postergada, donde las inversiones extranjeras son escasas y las tasas de pobreza superan la media nacional, cualquier inestabilidad económica repercute de forma inmediata en el día a día de las familias. La posibilidad de que un cambio de signo político en el futuro implique perder respaldo económico externo no hace más que profundizar la incertidumbre.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y parte de la comitiva oficial que viajó a Washington, también intentó calmar las aguas. Desde la capital estadounidense sostuvo que Trump no se refirió a las elecciones legislativas de este mes, sino a un eventual giro ideológico dentro de dos años. “Se trata de un apoyo a una forma de gobernar, no a una elección puntual”, aclaró. También intentó tranquilizar a los mercados, asegurando que el swap con EE.UU. sigue vigente y que la cooperación bilateral no corre riesgo en el corto plazo.
Sin embargo, dentro del propio oficialismo, las interpretaciones fueron diversas. Algunos dirigentes libertarios aprovecharon el mensaje de Trump para lanzar advertencias a la oposición. Diego Santilli, figura clave en la campaña de La Libertad Avanza en Buenos Aires, dijo sin rodeos que si en 2027 ganara alguien como Axel Kicillof, “el apoyo se corta”. En tono similar, el ideólogo Agustín Laje afirmó que esa elección será “la última oportunidad para salir de la miseria”.
Estas posturas no hacen más que reforzar la idea de que la relación con EE.UU. se volvió no sólo económica, sino profundamente ideológica. Para la administración Milei, el respaldo norteamericano se presenta como una suerte de garantía del rumbo económico adoptado desde diciembre de 2023, cuando se iniciaron reformas de mercado, ajustes fiscales y desregulaciones que aún generan resistencias en amplios sectores sociales.
En este contexto, las palabras de Trump —más allá de las aclaraciones— funcionan como una presión explícita sobre el electorado: si Argentina “retrocede” en términos ideológicos, se corta el grifo. Esa narrativa, aunque útil para consolidar la base libertaria, también abre interrogantes sobre la soberanía en la toma de decisiones económicas. ¿Hasta qué punto puede un país condicionar su política interna a la expectativa de un aliado externo?
Para Salta, una provincia que depende en gran parte de la obra pública nacional, los planes sociales y los programas de desarrollo federal, cualquier alteración en los flujos de financiamiento puede traducirse en paralización de proyectos, pérdida de empleos y mayor conflictividad social. La minería y el litio, que aparecen como salvavidas productivos, también necesitan estabilidad para atraer inversiones. Una advertencia como la de Trump, aunque no tenga consecuencias inmediatas, puede sembrar dudas en potenciales socios comerciales.
El otro gran eje de la discusión es la comunicación política. Desde el oficialismo se busca instalar que la elección de 2027 será un punto de inflexión histórico: “la libertad avanza o Argentina retrocede”, repiten como mantra. Esta lógica binaria, además de simplificar el debate democrático, convierte a cada comicio en una especie de plebiscito existencial, donde perder no es una alternativa válida. Así, cualquier actor político que no comparta la visión libertaria es etiquetado como “enemigo del progreso”, incluso antes de disputar una elección.
En la provincia, los referentes locales de La Libertad Avanza también comienzan a alinearse con esta narrativa. Aunque sin el volumen mediático de Buenos Aires, empiezan a replicar el discurso de “última oportunidad”, apuntando contra el PJ salteño y sectores del radicalismo. La campaña ya entró en su etapa más tensa, y las declaraciones internacionales no hacen más que agregar leña al fuego.
Lo cierto es que, más allá de los discursos, la Argentina de 2025 sigue enfrentando problemas estructurales que no se resuelven con tuits ni conferencias. Inflación, pobreza, falta de empleo y un sistema productivo desbalanceado siguen siendo los principales desafíos. La posibilidad de que la relación con Estados Unidos se torne condicionada por cuestiones ideológicas pone una nueva variable sobre la mesa, que podría afectar de forma directa a los sectores más vulnerables del país, especialmente en provincias como Salta.
Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que una buena performance en las legislativas del 26 de octubre sirva como señal para mantener el respaldo externo y consolidar su proyecto político. Pero el mensaje de Trump dejó en claro que ese respaldo no es incondicional. La pregunta que queda flotando es: ¿puede un país sostener su soberanía política cuando su estabilidad económica depende del visto bueno de un gobierno extranjero?
Por ahora, la respuesta parece estar en suspenso. Y en Salta, como en gran parte del país, lo que más urge es que las promesas de apoyo no se queden en el discurso y se traduzcan en mejoras concretas para la gente. Porque mientras se debate sobre 2027, la realidad golpea todos los días en los barrios, en los comercios, en las escuelas y en los hospitales de esta provincia que también espera —y necesita— respuestas.
