La Cámara Federal de Casación Penal dio un paso clave en la causa Vialidad al confirmar la ejecución de bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. La resolución habilita el avance del remate de activos para recuperar fondos provenientes de maniobras de corrupción en la obra pública, con un monto que supera los 684.000 millones de pesos.
El fallo, firmado por la Sala IV, ratificó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el decomiso de propiedades, vehículos, dinero en cuentas bancarias y otros activos considerados parte del circuito económico derivado de los delitos investigados. La decisión consolida el criterio de que el Estado debe avanzar de manera efectiva sobre los bienes obtenidos de forma ilícita, incluso si estos fueron transferidos con posterioridad.
Entre los puntos centrales de la resolución, se destaca que el decomiso puede alcanzar bienes que hoy están en manos de terceros, incluyendo aquellos que fueron heredados. En ese sentido, la Justicia consideró que la transferencia posterior de los activos no impide su recuperación si se acredita su origen en hechos de corrupción.
El universo de bienes involucrados es amplio. Incluye más de un centenar de inmuebles, vehículos y dinero depositado en cuentas y cajas de seguridad. También aparecen empresas que fueron clave en el esquema investigado, como Austral Construcciones, señalada como una de las principales beneficiarias de contratos de obra pública durante los años analizados en la causa.
En el caso de los hijos de la exmandataria, la medida alcanza propiedades que pasaron a su nombre por herencia. La defensa había solicitado excluir estos bienes del decomiso, argumentando que no formaban parte del patrimonio al momento de los hechos investigados. Sin embargo, el tribunal entendió que ese argumento no resulta suficiente para frenar la ejecución.
Dentro de la Sala IV hubo una mayoría clara a favor de avanzar con el remate en los términos establecidos por el TOF 2. Los jueces que respaldaron esta postura remarcaron que el decomiso no puede quedar en una declaración simbólica, sino que debe traducirse en una recuperación concreta de los activos. También señalaron que permitir que los bienes permanezcan en manos de los beneficiarios implicaría sostener los efectos económicos del delito.
En disidencia parcial, uno de los magistrados planteó reparos sobre la extensión del decomiso, especialmente en relación con bienes cuya vinculación directa con las maniobras no estaría plenamente acreditada. Propuso, en ese sentido, excluir del remate algunas propiedades heredadas, aunque su postura no alcanzó para modificar la decisión final.
El expediente llegó a esta instancia tras una serie de apelaciones presentadas por las defensas de los condenados, quienes cuestionaron tanto la inclusión de determinados bienes como la modalidad del decomiso. A pesar de estos planteos, la Cámara confirmó la validez del proceso y habilitó su ejecución.
Otro dato relevante es que, según consta en el expediente, los montos fijados en la sentencia aún no fueron abonados. Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que el plazo para cumplir con esa obligación ya venció, lo que refuerza la necesidad de avanzar con el remate de los bienes para garantizar el recupero de los fondos.
La causa Vialidad se convirtió en uno de los expedientes judiciales más significativos en materia de corrupción en la Argentina. Con esta decisión, la Justicia busca dar un paso concreto hacia la restitución del dinero al Estado, en un proceso que todavía puede tener nuevos capítulos en instancias superiores.
