El caso de presuntas coimas y maniobras irregulares dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro clave esta semana cuando Roger Edgar Grant, uno de los principales acusados, se presentó ante la Justicia y decidió declarar. Su testimonio, esperado desde hace meses, coloca nuevamente bajo la lupa el funcionamiento interno del organismo y profundiza las sospechas sobre una estructura de corrupción que operaba desde áreas sensibles, vinculadas directamente a la asignación de recursos destinados a personas con discapacidad.
Grant, quien ocupaba un rol operativo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, se convirtió en el primer imputado que respondió preguntas del juez y del fiscal. La audiencia se llevó adelante en los tribunales de Comodoro Py, ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ambos a cargo de un expediente que ya suma cientos de fojas y múltiples protagonistas. La declaración duró varias horas y dejó tela para cortar.
Según trascendió desde ámbitos judiciales, el acusado sostuvo que no actuó por voluntad propia ni tuvo iniciativa personal en las maniobras que se le adjudican. Por el contrario, aseguró que “solo cumplía órdenes” de Daniel María Garbellini, quien se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud y estaba directamente por encima de él en la estructura jerárquica del organismo. En pocas palabras, apuntó hacia arriba en la cadena de mando y se despegó del rol de ejecutor estratégico que la investigación le atribuía.
La figura de Garbellini no es nueva dentro del expediente. Su nombre aparece mencionado desde los primeros días, cuando los investigadores comenzaron a reconstruir el funcionamiento del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), la plataforma desde la cual se autorizaban compras de medicamentos y se direccionaban fondos estatales hacia prestadores y droguerías. Grant tenía a su cargo el área de Gestión de Urgencias, un sector clave por la velocidad con la que se habilitaban determinadas adquisiciones. Desde ese lugar, según sospecha la Justicia, se montó una operatoria que habría permitido beneficiar a determinadas empresas proveedoras.
La declaración del imputado no solo involucró a Garbellini, sino que también abrió un nuevo hilo sobre las relaciones previas entre ambos. Contó que habían trabajado juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada, y que la confianza y subordinación venían de aquellos años. Para los investigadores, este detalle no resulta menor: apunta a una dinámica laboral ya construida, donde las órdenes se acataban sin demasiados cuestionamientos.
Sin embargo, el testimonio avanzó un paso más y tocó a uno de los nombres más pesados de la causa: Pablo Atchabahian, exfuncionario durante la gestión de Cambiemos. Atchabahian fue señalado desde el inicio como uno de los presuntos “jefes paraestatales” dentro de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete. Ambos están detenidos y son considerados los cerebros ideológicos de una estructura que habría manejado recursos millonarios destinados a una población especialmente vulnerable. Según describió Grant, Garbellini habría respondido —de manera directa o indirecta— a los intereses y directivas de Atchabahian, reforzando la hipótesis de una cadena de mandos donde cada eslabón cumplía un rol específico para beneficiar a determinados actores.
Para la Justicia federal, este caso representa uno de los expedientes más sensibles de los últimos tiempos, no solo por los montos en juego, sino también por el destino de los fondos: personas con discapacidad de todo el país, incluida la provincia de Salta, que dependen de medicamentos, tratamientos, traslados y prestaciones que el Estado debe garantizar de manera eficiente. Cualquier desvío o irregularidad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de estas familias, que en muchos casos ya enfrentan situaciones complejas.
En Salta, profesionales del área y familias que utilizan servicios de discapacidad siguen con atención las novedades del caso, ya que la ANDIS es el organismo que regula y controla el acceso a prestaciones en todo el territorio nacional. Si bien la investigación se concentra en el accionar de funcionarios de Buenos Aires, su repercusión no pasa desapercibida en las provincias, donde cada demora en autorizaciones o compras de medicamentos puede significar una complicación para los beneficiarios. El caso también abre interrogantes sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control y transparencia para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La investigación aún está lejos de cerrarse. El juez Casanello analiza documentación, cruces de llamadas, informes contables y declaraciones de empleados del organismo. En los próximos días se esperan nuevas indagatorias, y no se descarta que surjan más imputaciones. Los investigadores buscan determinar si existió una estructura piramidal destinada a direccionar fondos, o si se trató de acciones aisladas de algunos funcionarios. Por ahora, todas las pistas apuntan a un funcionamiento coordinado y sostenido durante años.
