La Justicia de Santa Fe sobreseyó al adolescente de 15 años acusado de matar a su compañero Ian Cabrera, de 13, en una escuela de la ciudad de San Cristóbal. Aunque la causa penal quedó cerrada, el juez dispuso que el joven continúe bajo programas de asistencia, seguimiento tutelar y protección estatal.
La resolución fue firmada por el juez José Boaglio, quien aceptó el planteo de la defensa. Si bien se le atribuye la autoría material del homicidio, el magistrado determinó que no corresponde imponerle una pena, debido a la legislación vigente cuando ocurrió el hecho.
El principal argumento fue que, en ese momento, la edad mínima para ser considerado penalmente responsable era de 16 años. Por ese motivo, el adolescente no podía recibir una sanción penal por el crimen.
La decisión también tuvo en cuenta el principio constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley penal más gravosa. En consecuencia, una reforma posterior que redujo la edad de imputabilidad no puede utilizarse para juzgarlo bajo nuevas condiciones.
Pese al sobreseimiento, el caso no quedará sin intervención estatal. El juez ordenó mantener medidas de acompañamiento y seguimiento a través de los organismos correspondientes, con un abordaje interdisciplinario orientado a la asistencia y protección del adolescente.
El homicidio ocurrió en marzo, en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, y provocó una profunda conmoción en la comunidad educativa. La víctima tenía 13 años y era compañero del joven acusado.
Durante la investigación, las autoridades también analizaron la actividad del adolescente en entornos digitales. Las pericias se enfocaron en su posible participación en comunidades virtuales vinculadas con contenidos de extrema violencia, entre ellas la denominada True Crime Community y la red 764.
El caso abrió interrogantes sobre la violencia entre jóvenes, la influencia de determinados espacios digitales y las herramientas de prevención disponibles dentro de las instituciones educativas.
Además, el episodio motivó medidas de vigilancia preventiva ante posibles amenazas difundidas en plataformas digitales contra establecimientos escolares.
Con el sobreseimiento, la Justicia dio por concluida la acción penal contra el adolescente, aunque continuará el seguimiento dispuesto por el magistrado. La medida se sustenta en la normativa aplicable al momento del hecho y en las garantías constitucionales que rigen en materia penal.
