La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, ha ingresado en una etapa crítica que pone en jaque el delicado equilibrio entre su condena y las prerrogativas que, según sus críticos, parecen diseñadas para suavizar las consecuencias de sus actos.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, analizará hoy el régimen de prisión domiciliaria que le permite a Fernández cumplir en su departamento de Monserrat la condena de seis años impuesta por el caso "Vialidad". Este proceso, lejos de ser un trámite menor, expone las tensiones entre la aplicación de la ley y las excepciones que, una vez más, benefician a una figura política de su envergadura.
La condena por "Vialidad", que encontró a Cristina culpable de defraudar al Estado mediante la manipulación de licitaciones viales, no es un hecho aislado en su trayectoria judicial. Sin embargo, la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de otorgarle prisión domiciliaria, fundamentada en su edad (72 años) y el intento de magnicidio de 2022, despierta serias dudas sobre la equidad en la ejecución de la pena. Mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en que la expresidenta debería cumplir su condena en una cárcel común, como cualquier otro ciudadano, la resolución del tribunal parece teñida de un trato preferencial que erosiona la confianza en la justicia.
La evaluación que hoy realizarán psicólogos y trabajadores sociales en el domicilio de Fernández no hace más que reforzar esta percepción. ¿Es realmente necesario un informe para constatar si la exmandataria se "adapta" a su lujoso departamento de Monserrat o si la tobillera electrónica le causa "molestias"? La pregunta no es menor: mientras miles de presos comunes enfrentan condiciones de hacinamiento y precariedad en las cárceles argentinas, Fernández goza de un régimen que parece diseñado para minimizar cualquier incomodidad. La comparación es inevitable y el contraste, indignante.
Además, las restricciones impuestas —como la necesidad de permisos judiciales para visitas no autorizadas— parecen más una formalidad que un control efectivo. La reciente visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizada sin mayores trabas, evidencia que el régimen de Fernández dista de ser riguroso. ¿Qué mensaje envía al ciudadano común que un condenado por corrupción pueda recibir a líderes internacionales en su domicilio mientras cumple una pena? La respuesta es clara: la justicia, una vez más, parece doblegarse ante el poder político.
La audiencia de hoy en Comodoro Py podría ser un punto de inflexión. Casación tiene la oportunidad de corregir esta narrativa de privilegios, ya sea modificando el lugar de detención o endureciendo las condiciones del régimen. Sin embargo, las señales no son alentadoras: fuentes judiciales sugieren que los jueces podrían optar por flexibilizar aún más el esquema de visitas o incluso proponer un cambio de domicilio, manteniendo intacto el monitoreo con tobillera electrónica. Esta posibilidad, lejos de garantizar justicia, perpetúa la imagen de una condena a medida para una figura que, a pesar de los fallos en su contra, sigue manejando los hilos de su influencia política.
La sociedad argentina, cansada de escándalos de corrupción y de un sistema judicial que a menudo parece claudicar ante los poderosos, observa con atención. La resolución de Casación, que deberá emitirse en los próximos días, no solo definirá el futuro inmediato de Cristina Kirchner, sino que también será un termómetro de la independencia judicial en un país donde la igualdad ante la ley sigue siendo una aspiración más que una realidad. Mientras tanto, desde su cómodo refugio en Monserrat, parece desafiar no solo a la justicia, sino al sentido común de una ciudadanía que exige, de una vez por todas, que nadie esté por encima de la ley.
