El reclamo de productores rurales de Santiago del Estero volvió a poner en el centro de la escena una trama compleja de presuntas usurpaciones de tierras, intimidaciones y operaciones judiciales que, según las denuncias, se repiten con un mismo patrón. Los damnificados aseguran que detrás de estas maniobras habría una organización con vínculos políticos, policiales y judiciales, y apuntan directamente al padrastro de un dirigente de peso de la Asociación del Fútbol Argentino como uno de los principales responsables.
De acuerdo con los testimonios, el mecanismo se activa una vez que el propietario logra consolidar la titularidad de grandes extensiones de tierra. A partir de allí comienzan las presiones, las amenazas veladas y, en algunos casos, denuncias penales que los productores califican como falsas. El objetivo final, sostienen, es forzar la cesión total o parcial de los campos, o directamente avanzar con la ocupación ilegal.
Uno de los casos más resonantes es el de un productor que asegura haber sido despojado de un establecimiento de más de 2.000 hectáreas. Según su relato, tras negarse a aceptar acuerdos informales, comenzaron los aprietes. “Te inventan causas, te amenazan y te dicen que la Policía va a aparecer en cualquier momento”, describió. En ese proceso, identificó a “Polo” Figueroa —padrastro de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA— como una de las figuras centrales en la avanzada sobre su propiedad.
Las denuncias no se limitan a un solo episodio. Otro productor relató una experiencia similar en un campo de aproximadamente 3.000 hectáreas. Tras concretar la compra y acudir con un escribano para tomar posesión, se encontró con la primera ocupación ilegal. Días después, al intentar resolver la situación por la vía judicial, se topó con una escena que grafica, según dijo, el nivel de connivencia existente: el efectivo policial que debía garantizar el procedimiento compartía un mate con los ocupantes del predio. “Olvídense del campo, no lo van a recuperar más”, fue la respuesta que recibió.
Los productores coinciden en que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica reiterada. Grupos armados, barras bravas e incluso personas privadas de la libertad habrían sido utilizados para tomar los campos por la fuerza. Una vez instalados, recibían apoyo logístico: comida, alojamiento y recursos que les permitían sostener la ocupación durante meses. En varios casos, las viviendas rurales fueron incendiadas, los alambrados destruidos y los encargados golpeados o expulsados.
Según los testimonios, el esquema se completa con el alquiler informal de las tierras usurpadas, lo que permitiría financiar nuevas ocupaciones y ampliar el radio de acción. “Entraban, rompían todo y después explotaban el campo como si fuera propio”, resumió uno de los denunciantes, que decidió hacer público su caso tras años de litigio sin resultados.
El rol de la Justicia provincial aparece señalado como un factor clave en la continuidad de estas maniobras. Los productores aseguran que, pese a contar con escrituras y documentación en regla, sus reclamos no avanzan o quedan trabados en instancias preliminares. En paralelo, las causas penales en su contra prosperan con rapidez, generando un escenario de desgaste económico y emocional que termina favoreciendo a los ocupantes.
En uno de los episodios más extremos, un productor relató haber recibido una propuesta directa: ceder la mitad del campo para evitar perderlo todo. La amenaza, según contó, fue explícita. Ante el riesgo de quedarse sin nada y tras años de conflicto, aceptó el acuerdo para conservar al menos una parte de la propiedad. “Tenía todos los papeles, pero igual me corrieron”, explicó.
La aparición del entorno familiar de un dirigente de la AFA en estas denuncias suma un condimento de alto impacto político y mediático. Si bien las acusaciones apuntan directamente al padrastro, los productores sostienen que el peso del apellido y las relaciones construidas a lo largo del tiempo funcionan como un respaldo implícito que desalienta las investigaciones profundas.
El conflicto por la tierra en el norte argentino no es nuevo, pero estos testimonios vuelven a exponer una problemática estructural que combina concentración de poder, debilidad institucional y violencia rural. En provincias donde el valor de la tierra productiva creció de manera sostenida, las disputas por la posesión se volvieron más frecuentes y, en algunos casos, más crudas.
Mientras los productores afectados reclaman respuestas concretas y garantías para ejercer su derecho de propiedad, las denuncias siguen sumándose. El temor a represalias y la falta de confianza en los mecanismos institucionales hacen que muchos casos no lleguen a visibilizarse. Sin embargo, quienes decidieron hablar aseguran que lo hacen para evitar que otros atraviesen el mismo camino.
La causa, que aún promete nuevos capítulos, pone bajo la lupa no solo a personas concretas, sino también al funcionamiento de un sistema que, según los denunciantes, permite que estas prácticas se repitan sin consecuencias. En un contexto de creciente tensión en el sector agropecuario, el reclamo apunta a recuperar algo básico: la seguridad jurídica y el derecho a trabajar la tierra sin amenazas.
