El inicio del próximo año llegará con nuevos incrementos en los precios de los combustibles. A partir del 1° de enero de 2026, entrará en vigencia una actualización de los impuestos que gravan a la nafta y el gasoil, tras la oficialización del decreto 929/2025. La medida alcanza a todo el país y se traducirá en un aumento que se reflejará en las estaciones de servicio.
La normativa redefine los montos fijos del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono, en el marco de un esquema que contempla ajustes periódicos vinculados a la evolución de la inflación. Según lo dispuesto, las actualizaciones se calculan en función de las variaciones trimestrales del Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC, con el objetivo de mantener el valor real de la recaudación.
En el caso de las naftas sin plomo, tanto de hasta como de más de 92 RON, y de la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos tendrá un incremento fijo de $17,291 por litro. A ese valor se suma una suba de $1,059 por litro correspondiente al gravamen al dióxido de carbono. Estos montos se aplicarán sobre cada litro comercializado, impactando de manera directa en el precio final que pagan los consumidores.
Para el gasoil, la actualización contempla varios componentes. El impuesto a los combustibles líquidos aumentará $14,390 por litro, mientras que el tributo al dióxido de carbono se incrementará en $1,640 por litro. Además, se mantiene un tratamiento diferencial para determinadas zonas del país, con un adicional de $7,792 por litro, tal como lo establece la legislación vigente.
Este esquema diferencial alcanza a provincias del sur argentino y a algunas áreas específicas, y busca compensar los mayores costos logísticos y de abastecimiento que enfrentan regiones alejadas de los principales centros urbanos. En el resto del territorio nacional, el gasoil tributará el impuesto general sin ese beneficio adicional.
El decreto aclara que los nuevos valores se aplicarán a los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026 inclusive, lo que implica que las empresas del sector deberán adecuar sus sistemas de facturación y liquidación impositiva desde el primer día del año.
En otro tramo de la normativa, el Poder Ejecutivo explicó que la actualización no se implementará en su totalidad de manera inmediata. Con el argumento de sostener un sendero fiscal gradual y evitar un impacto mayor sobre la actividad económica, se resolvió diferir parcialmente algunos incrementos pendientes de períodos anteriores, que quedarán para futuras instancias.
De este modo, el aumento que llegará a los surtidores en enero será una porción del ajuste total previsto, aunque suficiente para generar presión sobre los precios finales de la nafta y el gasoil, en un contexto en el que los combustibles siguen siendo un insumo clave para el transporte, la producción y el consumo cotidiano.
A partir de la entrada en vigencia del nuevo esquema, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de combustibles deberán aplicar los montos actualizados para la determinación de los impuestos, lo que terminará trasladándose, en mayor o menor medida, al valor que pagan los usuarios.
Los combustibles no serán el único rubro energético con ajustes en el arranque del año. En paralelo, el Gobierno nacional avanzó con la aprobación de nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural. El Ente Nacional Regulador del Gas dio luz verde a las resoluciones que establecen los valores de facturación que regirán desde enero para los usuarios residenciales.
Las nuevas tarifas alcanzan a las principales distribuidoras del país y contemplan distintos niveles de consumo, organizados en categorías que van desde los usuarios de menor demanda hasta aquellos con consumos más elevados. Los cuadros tarifarios incluyen subcategorías intermedias, con valores diferenciados según el volumen de gas utilizado.
Además, las distribuidoras deberán aplicar los precios de referencia fijados por la Secretaría de Energía y, en los casos que corresponda, implementar los descuentos previstos para determinados usuarios, de acuerdo con la normativa vigente.
Con estas decisiones, el comienzo del año estará marcado por una combinación de ajustes impositivos y tarifarios que impactarán en los costos energéticos. Tanto los combustibles como el gas natural tendrán nuevas referencias de precios, en un escenario en el que el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas sin resignar previsibilidad en el esquema fiscal.
La evolución de estos aumentos y su traslado efectivo a los precios finales será seguida de cerca por consumidores y sectores productivos, en un contexto económico donde los costos de la energía continúan siendo un factor determinante para la actividad y el poder adquisitivo.
