La Justicia Federal resolvió dictar la prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales imputados en la investigación por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. La medida lo ubica como coautor de los homicidios de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, en una causa que avanza con fuerte complejidad y múltiples líneas investigativas abiertas.
La decisión fue adoptada por el juez federal a cargo del expediente, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener su participación directa en los asesinatos. En la resolución judicial se lo acusa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía, ensañamiento y violencia de género, en tres hechos independientes pero vinculados entre sí dentro de una misma secuencia criminal.
De acuerdo a la investigación, el imputado no habría tenido un rol secundario, sino una intervención activa en distintas etapas del plan. La reconstrucción del caso sostiene que participó desde la organización previa hasta la ejecución final, aportando tareas consideradas esenciales para que el hecho pudiera concretarse.
Entre los elementos reunidos en el expediente se menciona su participación en la planificación del ataque, la captación y traslado de las víctimas, y la coordinación logística del lugar donde estuvieron retenidas. También se lo vincula con el control dentro del inmueble donde ocurrió el desenlace fatal, en un contexto de violencia sostenida y división de tareas entre los distintos implicados.
Para la Justicia, el accionar del acusado estuvo directamente relacionado con el resultado final y habría actuado con conocimiento del plan común. Incluso, la hipótesis principal indica que habría aceptado la posibilidad concreta de la muerte de las tres jóvenes como parte del desarrollo del hecho.
La causa describe una estructura organizada entre varios imputados, con roles diferenciados y participación coordinada. Esa distribución de funciones es uno de los puntos centrales que refuerza la imputación colectiva y agrava la situación procesal de los acusados, al entenderse que no se trató de un hecho aislado sino de una acción planificada.
En paralelo, la investigación continúa profundizando distintas líneas que buscan establecer el contexto en el que ocurrió el triple homicidio. Con el correr de los meses, el expediente incorporó hipótesis vinculadas a una posible organización criminal de mayor escala, con presuntos vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
También se analizan posibles conexiones con delitos como la trata de personas, la explotación sexual y maniobras de lavado de activos, aunque esas líneas aún se encuentran en etapa de investigación y no cuentan con definiciones judiciales firmes. Los investigadores no descartan que el crimen esté relacionado con disputas internas dentro de una estructura delictiva más amplia.
En ese marco, una de las principales hipótesis sostiene que el ataque habría sido una represalia dentro de ese entramado criminal, posiblemente vinculado a conflictos por estupefacientes. Según esta línea, las víctimas habrían quedado atrapadas en una disputa ajena, que terminó derivando en el desenlace violento que se investiga.
Con la resolución judicial reciente, “Pequeño J” permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la causa, que continúa en etapa de instrucción. En el expediente ya hay más de una decena de imputados, en un caso que sigue generando impacto por la gravedad de los hechos y la complejidad de la trama investigada.
